domingo, 10 de noviembre de 2013

Derecho del confinado al voto

(Comparto la siguiente columna publicada el 2 de noviembre de 2013 en endi.com. Me parece muy acertada.)

Por Gazir Sued

No existe fundamento jurídico racional que legitime la exclusión de la población confinada del derecho al sufragio universal. Sin embargo, priman las imposturas discriminatorias en el orden constitucional de la ley. Es de origen pasional la negativa a reconocer derecho a voto a los prisioneros del Estado. Los autores de la medida legislativa (P. de la C. 1296) reproducen una ideología penal basada en prejuicios y equívocos que han sido superados radicalmente por los saberes criminológicos. Su lenguaje expresa desconocimiento sobre la psicología humana y el desarrollo histórico de los derechos civiles en las sociedades democráticas.

Los legisladores y promotores del proyecto para eliminar el “privilegio” de votar de las personas convictas parecen olvidar que la rehabilitación es un imperativo moral en el imaginario jurídico penal moderno, al menos desde que el encierro carcelario dejó de ser visto como mera práctica de venganza, y la pena judicial pasó a convertirse formalmente en técnica calculada de reinserción social y, a la vez, en freno institucional a las inclinaciones crueles, sádicas y deshumanizantes propias a la naturaleza de todo poder de castigo y aprisionamiento. La estigmatización de la población confinada como un todo homogéneo y encarnación colectiva de los males sociales contradice los principios del proyecto rehabilitador, invisibiliza la singularidad existencial de cada reo, e ignora la especificidad de las causas y objetivos de la condena impuesta por el tribunal. Además, la procedencia de clase marginal y empobrecida de la mayor parte de los reclusos, independientemente del delito, abona al trato clasista y discriminatorio, no a la posibilidad de justicia, seguridad y bienestar social.

Agravar las condiciones de los condenados a aislamiento carcelario y despojarlos de sus derechos y responsabilidades ciudadanas no incide positivamente en su calidad de vida como ser humano. Sustraerlos de su raquítico poder de participación en la vida política es una práctica deshumanizante y de consecuencias des-socializadoras. Al margen de sus respectivas faltas delictivas, el convicto es un ciudadano normal, capacitado intelectualmente para asumir las mismas responsabilidades éticas y políticas que cualquier otro ciudadano. Éste es el principio matriz de la hipótesis rehabilitadora y del derecho penal moderno.

Además, impedirles participar del sufragio universal no tiene un efecto disuasivo de la conducta o práctica delictiva, ni refuerza la posibilidad de rehabilitación o reinserción social. Por el contrario, tiene efectos enajenantes de la realidad política y de la “sociedad” a la que se presume falló y adeuda su condena. Por lo demás, el ciudadano convicto no es -por condición de convicto- más vulnerable a la manipulación de la clase política que el resto de los electores, ni la eliminación de sus derechos impide mecánicamente la posibilidad de fraudes y corrupciones electorales.

El artículo II, sección 12, de la Constitución del ELA está mal redactado y no responde al espíritu democrático y humanista del Derecho moderno. Tomado al pie de la letra, el Estado de Puerto Rico, tras dictar sentencia judicial condenatoria, puede someter a esclavitud o servidumbre involuntaria a la persona. Esta “interpretación” es tan ridícula y escandalosa como la que le sigue de inmediato, que presupone la suspensión absoluta de los derechos civiles del ciudadano encarcelado, prisionero del Estado.

Más allá de las retóricas que hacen lo indecible por justificarlo, el encierro carcelario es una práctica de crueldad inhumana y deshumanizante. A toda razón penal le mueve un tenebroso deseo de venganza. Un deseo de condiciones psicológicas complejas, pero inexcusable para una cultura civilizada dejarlo a rienda suelta. Llámese castigo “merecido” o justicia, el encarcelamiento es siempre un terrible suplicio existencial. La rehabilitación, la fachada hipócrita de sus habituados tormentos. ¿Para qué hacerles aún más insufrible la condición de sus penas? ¿Para qué despojarlos de la ilusión consoladora del sufragio “universal”, si todavía creen que, en realidad, sirve de algo?

jueves, 17 de octubre de 2013

De lo individual a lo colectivo: Reflexiones sobre la responsabilidad social como compromiso para atajar la desigualdad


Primera Jornada de Debates Sociológicos: Desigualdad, Violencia y Criminalidad
Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro
Segundo día, 9 de octubre de 2013
Proyectos vinculantes de acción comunitaria 

Ponencia

De lo individual a lo colectivo:  Reflexiones sobre la responsabilidad social como compromiso para atajar la desigualdad

I.              Inquietudes sobre el Derecho

Cuando comencé a estudiar Derecho, me sentaba a escuchar a los profesores con mucho detenimiento. Dentro de las aulas universitarias, junto a otros compañeros y compañeras, pasé largas horas aprendiendo sobre el Derecho Constitucional, el Derecho de Familia, el Derecho de Obligaciones y Contratos, entre otras ramas del Derecho. Y mientras más estudiaba, aprendía y conocía sobre el  Derecho, comenzaba a sentir una profunda inquietud.

Esta inquietud se agudizaba a medida que estudiaba leyes antiquísimas, obsoletas e injustas. Estudiaba las opiniones de los jueces del Tribunal, que cada vez le cerraban las puertas a distintos sectores que intentaban vindicar sus derechos democráticos, tales como  la clase trabajadora,  estudiantes universitarios,  defensores del medioambiente, comunidades pobres… (en fin, la  lista es larga).

La inquietud que sentía se profundizaba aún más, cuando leía premisas jurídicas tales como el Artículo  2 del Código Civil y cito: La ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento. Es decir, que quien incumpla alguna ley por que desconoce que existe, será penalizado, sancionado o permanecerá con sus derechos violentados por el simple hecho de que no conoce la ley ni el derecho.  Y ante esto, me preguntaba, ¿cómo es posible que el Código Civil comience estableciendo una premisa cómo esta?  ¿Acaso no se han enterado que los únicos que conocemos las leyes y el derecho a cabalidad somos los abogados y abogadas? ¿Cómo es posible que el sistema penalice al resto de la población que desconoce sus derechos y desconoce las leyes que vinculan su cotidianeidad?

Era terrible. Como estudiante de derecho, me encontraba en un momento muy difícil. Era un momento de introspección, donde en una auto-reflexión, me cuestionaba verdaderamente si valía la pena seguir estudiando Derecho. Me sentía testigo de tantos atropellos e injusticias sustentadas en las leyes y el Derecho que me sentía, de una forma u otra, cómplice. Me era imposible actuar con tanta naturalidad entre mis profesores y compañeros de derecho, cuando lo que estudiaba, a mi modo de ver, era un saber tan opresivo, ejerciendo una violencia sistémica contra sus propios ciudadanos, invisibilizando comunidades y sectores sociales empobrecidos, marginados, y vulnerables.

Mis ojos habían logrado ver que el Derecho era(es) un sistema que invisibilizaba el problema de la desigualdad social, pretendiendo que todas las personas tuvieran conocimiento de las leyes y el Derecho. Y peor aún, que sepan cuándo y cómo acudir a un Tribunal como alternativa a una violación de derechos o para resolver una controversia.

El asunto se tornaba grave cuando observaba que el Derecho pretendía resolver las controversias en un análisis híper-simplista entre lo legal y lo ilegal.  No hacía ningún sentido que el Derecho analizara los problemas sociales como unos legales –o- ilegales, dejando fuera todo tipo de discusión sobre las complejidades sociales de las situaciones que tenía ante sí.

Y resulta interesante como el Derecho se sustenta en este discurso de lo legal v. lo ilegal en sus análisis jurídicos, porque recuerdo lo ocurrido en Alemania, bajo el régimen Nazi de Adolfo Hilter, donde lo legal implicaba mantener el Estado de Derecho que permitía matar a todos los judíos en campos de concentración.

II.            Una forma alterna de concebir el Derecho

Como una luz al final del túnel, encontré un refugio, un espacio como estudiante de derecho que me dio las fuerzas para continuar estudiando y hacerme abogada. Espacios como los cursos de teoría del derecho, teoría de la democracia, teoría de la justicia, derecho y pobreza, y derecho y cambio social, porque en esos cursos sí se problematizaba el derecho desde una óptica distinta, no simplista. Sin embargo, tomar estos cursos de análisis jurídico crítico no fue suficiente. Continuaba con muchísima preocupación hasta que tuve un maravilloso encuentro con un programa llamado Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho. Y este programa, como parte del currículo académico, consistía en que las y los estudiantes de derecho realizaran servicio legal y comunitario para fomentar el acceso a la justicia. Y ustedes se preguntaran, ¿qué es eso de acceso a la justicia? Bueno, pues el acceso a la justicia implica que todas las personas, puedan acceder equitativamente a un conocimiento de sus derechos, o que puedan acceder a un representación legal digna, o que puedan acceder a los tribunales o agencias administrativas para buscar un remedio a su situación o a alguna violación de derechos.

Al enfrentarme a la existencia de este programa, emocionadísima, pensé: Aquí está, lo he encontrado.  He encontrado la forma de canalizar todas mis inquietudes y frustraciones sobre el Derecho porque este programa pro bono parte de la premisa de que existen unos sectores invisibilizados, que no tienen acceso a la justicia y que ni tan si quiera tienen acceso a ejercer plena y efectivamente sus derechos más básicos. Y así, comprendiendo que este programa atendía un aspecto importantísimo de lo que el Derecho debe ser, comencé a trabajar, siendo estudiante, en distintas secciones del Programa.

Comencé a trabajar en la sección de Comunidades en Riesgo de Desplazamiento, la cual literalmente me sacó de las aulas universitarias y me llevó a trabajar con dos comunidades pobres y muy vulnerables: el Barrio Boca en Barceloneta y Villa Cañona en Loíza. Estar allí físicamente en ambas comunidades, escuchar los problemas que aquejaban los residentes de esas comunidades y ver la pobreza, me hizo sentir una frustración enorme por lo que estaban viviendo estas comunidades, pero  a la misma vez me sentía que había llegado al lugar correcto, porque estas comunidades no conocían sus derechos, no tenían los recursos económicos para pagar un abogado o abogada y no tenían los recursos para pagar los altísimos costos de procesos judiciales.

No obstante, sentía una enorme preocupación porque estas dos comunidades estaban recibiendo un servicio de educación en derechos y de asesoría legal gratuita, pero ¿y todas las otras comunidades pobres, vulnerables e históricamente excluidas que no tienen acceso a recibir estos servicios legales? ¿Cómo estas comunidades atienden sus situaciones cuando el Estado violenta sus derechos? Y ante esas interrogantes, me contestaba: pues simplemente no se atienden. El resultado lamentable ha sido que vivimos en una sociedad donde se les violenta diariamente derechos fundamentales a estas personas o comunidades, y no solo carecen de acceso a servicios legales, sino que desconocen que se les están violando derechos humanos o derechos civiles porque, simplemente han asumido esa violación crasa de derechos como algo normal, algo parte inherente de sus vidas por haber nacido en una situación de marginación y pobreza.

Sin duda, ante este panorama, me sentí convocada a continuar sirviendo al programa pro bono y continuar trabajando, en atender necesidades legales gratuitamente, pero desde un abordaje educativo, transformador y como herramienta de apoderamiento y autogestión comunitaria.

Continué mi servicio en el programa pro bono, ahora a través de una sección llamada ENLACE con escuelas públicas. Esta sección partía de la premisa de la falta de acceso a una educación pública superior de estudiantes de escuelas públicas. Y lo que pretende esta sección es ofrecer talleres a estudiantes de escuelas públicas sobre temas de derechos como herramienta de conocimiento para fomentar un apoderamiento ciudadano, desde los 15, 16 y 17 años de edad. Además, esta sección del pro bono ofrece talleres sobre la universidad como un mundo que es posible, y talleres sobre los exámenes de admisión a la universidad como el College Board, y otros exámenes a nivel graduado (LSAT, EXADEP). Ciertamente, la labor aquí realizada es cuesta arriba porque sabemos que problemas, tales como la deserción escolar o la falta de acceso a la educación pública superior son problemas muy complejos de carácter estructural y sistémico. Sin embargo, les confieso que fue una labor muy enriquecedora porque, justamente antes de graduarme como abogada, logré ver a dos estudiantes de escuela pública a quienes les ofrecí talleres, entrar a la Universidad de Puerto Rico.

Y así, continué mi servicio en el programa pro bono, pero esta vez de forma distinta porque había tomado la decisión de fundar una nueva sección del programa pro bono, gracias a la mentoría de una grandísima profesora de derecho, Érika Fontánez Torres. Esta sección la quise llamar Democracia y Participación Ciudadana. Acá en esta sección pude canalizar muchas de mis frustraciones con el Derecho y con la profesión de la abogacía porque esta sección lo que pretendía (y pretende)  es fomentar una democracia participativa, es decir, darle poder a los ciudadanos, a las comunidades, a los sectores de mayor vulnerabilidad social. Darle poder, ¿cómo? Bueno, pues darle poder a través del conocimiento de sus derechos y de los espacios que existen y que se pueden crear para insertarse en procesos de toma de decisiones en la gestión/administración pública (y así ser protagonistas en cambiar su realidad social, incidiendo efectivamente en problemas de falta de acceso a vivienda, salud, educación, etc). Esto implica, necesariamente, un rompimiento con la concepción de estas comunidades de que las violaciones de derechos fundamentales que sufren día a día son parte inherente de sus vidas, sino que estas situaciones de carencia NO son la norma, no están justificadas y deben ser inminentemente cambiadas. Desde una mirada sociológica, esto constituye un rompimiento muy fuerte, porque crea, como dice Niklas Luhmann, muchísima irritación en el sistema jurídico y el sistema político, entrando así en el acoplamiento estructural.

Y ha sido así, en esta reflexión que he compartido con ustedes, como me he formado como abogada. Pero una abogada que no quiso ser cómplice de las injusticias provenientes del propio sistema de derecho. Porque comprendí que no hacía sentido tener un monopolio de un saber jurídico y de un conocimiento de los derechos cuando prácticamente TODA la población se encuentra desprovista de dicho conocimiento y de posibilidades reales a un acceso a la justicia. Ante esa premisa de desigualdad, es que he ejercido la profesión en función pedagógica, es decir, educando sobre los derechos, la participación ciudadana, la organización comunitaria y la efectiva democracia,  a través de talleres y encuentros en diversas comunidades, residenciales, y escuelas públicas.

Lamentablemente, la profesión jurídica se ha convertido en obstáculo para acceder a la justicia, en vez de ser herramienta para posibilitarla. Y me parece que ha llegado un momento en donde la profesión jurídica debe replantearse cuál debe ser su rol en la sociedad. Si debemos continuar asumiendo una monopolización y dominio exclusivo del saber jurídico (a un altísimo costo) o debemos asumir una responsabilidad social tomando en consideración que el derecho simplemente no es efectivo si existen problemas de desigualdad social, es decir, el derecho como instrumento para perpetuar las desigualdades.

III.           Cambiar paradigmas: de lo individual a lo colectivo

Con lo expresado anteriormente, aprovecho para citar el primer canon de los Cánones de Ética Profesional que nos rigen a todos los abogados y abogadas en Puerto Rico, y que debemos cumplir a cabalidad, y cito:

Constituye una obligación fundamental de todo abogado luchar continuamente para garantizar que toda persona tenga acceso a la representación capacitada, íntegra y diligente de un miembro de la profesión legal.

En la consecución de este objetivo el abogado debe aceptar y llevar a cabo toda encomienda razonable de rendir servicios legales gratuitos a indigentes, especialmente en lo que se refiere a la defensa de acusados y a la representación legal de personas insolventes. La ausencia de compensación económica en tales casos no releva al abogado de su obligación de prestar servicios legales competentes, diligentes y entusiastas.


También es obligación del abogado ayudar a establecer medios apropiados para suministrar servicios legales adecuados a todas las personas que no pueden pagarlos. Esta obligación incluye la de apoyar los programas existentes y la de contribuir positivamente a extenderlos y mejorarlos.

Penosamente, podemos inferir con bastante certeza que este canon no se cumple. Si se cumpliera, créanme que no viviríamos la crisis de acceso a la justicia que actualmente existe en el país. Ahora bien, ¿dónde está esa responsabilidad social de los abogados y abogadas del país ante el reconocimiento de que existen demasiadas personas y comunidades empobrecidas que necesitan urgentemente servicios legales gratuitos, que necesitan urgentemente ser visibilizados, que necesitan urgentemente articular efectivamente la violación crasa de derechos humanos?

Claro, al hablar de responsabilidad social nos obligamos a cambiar de paradigmas porque nos obliga a plantear los problemas, no desde una perspectiva individual, sino desde una mirada colectiva. Es el reconocimiento de que la causa de la desigualdad no está adscrita al individuo. No es decir, el pobre es pobre porque quiere, sino que la desigualdad y la pobreza es un asunto colectivo. Por ejemplo, al hablar sobre el asunto de la criminalidad y la violencia en Puerto Rico, escuchamos el discurso del Estado y asumido por muchos ciudadanos  de que quien cometió el delito debe pagar en la cárcel porque así se hace justicia. Y yo pregunto: ¿realmente se hace justicia al encarcelar al individuo, y luego al otro individuo y luego al otro y así sucesivamente…? o hacemos verdaderamente justicia cuando atendemos colectivamente la multiplicidad de problemas sociales que llevaron y continúan llevando a los individuos a cometer actos delictivos? Estas interrogantes nos redirigen, forzosamente, a la premisa de la desigualdad social como factor detonante de la violencia y la criminalidad.

El acercamiento, desde una mirada colectiva, a los problemas de desigualdad social es muy difícil porque vivimos en una sociedad de mercado donde, desde sus inicios, se desarrolló la concepción de libertades y derechos individuales. De manera que este pensamiento, que vino con la llegada del sistema económico capitalista, nos ha llevado en cierta manera a la autodestrucción de nociones colectivas y solidarias. Por lo tanto, un sistema económico que fomenta la competencia, el consumerismo y la acumulación de riqueza, socava profundamente los planteamientos y abordajes de carácter colectivo, pues se centra demasiado en el individuo-sujeto como la causa de los problemas sociales existentes, excluyendo todo análisis sistémico, estructural o institucional.

Romper con estas nociones individualistas no es fácil pues nos lleva muchas veces a un proceso de deconstrucción y de replanteamiento de paradigmas.  No obstante, esto no debe ser razón para continuar reproduciendo discursos que perpetuán la desigualdad social, porque eso nos hace cómplices del sufrimiento humano, de la pobreza,  y del continuo desarrollo de la violencia y la criminalidad. Les propongo, a través de esta ponencia, a concebirnos como gestores de cambio social, como instrumentos para posibilitar esas irritaciones en los múltiples sistemas que nos gobiernan.

A los estudiantes que están presentes les digo, que no importa lo que estén estudiando o a lo que se vayan a dedicar, pueden hacer de su trabajo o profesión algo distinto, algo que fomente la equidad y la solidaridad. Habrá un momento donde todas las profesiones se enfrentan, de una forma u otra, a la desigualdad social.  Inclusive, antes graduarse, pueden comenzar a crear, fomentar o participar de algún proyecto de vinculación comunitaria. Les lanzo esa propuesta y espero que sea bien recibida.

viernes, 11 de octubre de 2013

Convocatoria: Congreso de Derecho Administrativo 2014

Comparto la siguiente Convocatoria:
 
 
CONGRESO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 2014
 “EL DERECHO A UN BUEN GOBIERNO”
Los días 13 y 14 de febrero de 2014 la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico celebrará un Congreso de Derecho Administrativo bajo el título “El Derecho a un
Buen Gobierno”. La actividad se realizará en formato de paneles. Cada panel contará con tres participantes quienes realizarán presentaciones de unos 20 minutos de duración.
 
Por este medio se invita a la comunidad en general a someter propuestas bajo cualquiera de los seis tópicos generales que se indican a continuación. Invitamos a que las propuestas estén de algún modo enmarcadas en el concepto del derecho de la ciudadanía a tener un buen gobierno.


1. CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN PÚBLICA. Contratación con agencias y municipios; requisitos; leyes especiales; proceso de licitación; subastas; RFP; deudas sin contrato.
 
2. CONTROL JUDICIAL Y DEFERENCIA. El proceso de revisión judicial; justificaciones y cuestionamientos a la doctrina de la deferencia; experiencia comparada; ¿varía la deferencia dependiendo de la agencia?
 
3. LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO UNIFORME DESDE SU APROBACIÓN EN 1988 HASTA EL PRESENTE. Contexto de la aprobación de la LPAU en 1988; justificaciones originales; vigencia del modelo original hoy día y retos principales; prácticas legislativas de adoptar procesos excluyendo la aplicación de LPAU (Ley de Permisos, Ley APP,etc.).

 4. LITIGACIÓN Y ADJUDICACIÓN EN LA AGENCIA ADMINISTRATIVA. La imparcialidad y la función de juez y parte en el proceso adjudicativo; la figura del oficial examinador; el derecho a descubrimiento de prueba; la mediación; ¿son demasiado flexibles algunos procesos?; ¿son otros demasiado parecidos al litigio en el tribunal?

 5. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS. Los mecanismos de participación para la aprobación de reglamentos; el derecho a intervención en el proceso de adjudicación; legitimación activa y revisión judicial.

 6. AUTONOMÍA DE INSTRUMENTALIDADES Y CORPORACIONES PÚBLICAS. Relación de organismos públicos en la rama ejecutiva con el gobernador; justificación para esquemas de autonomía de corporaciones públicas y prácticas históricas; la experiencia de las procuradurías; la reestructuración de los órganos directivos de las corporaciones públicas; representación ciudadana en juntas de directores.

 Las propuestas no deben exceder de una página. Se puede presentar más de una propuesta en más de
un tópico general. Cada propuesta debe identificar: 1) el tópico general, 2) el título de la presentación,
3) una descripción del contenido de la presentación; 4) el nombre del proponente; y 5) su correo electrónico. Se permite la presentación de propuestas en conjunto para la configuración de un panel de tres personas en cualquiera de los tópicos generales. Las propuestas deben ser remitidas a la dirección congredereadmipr@hotmail.com en o antes del 15 de noviembre de 2013.

martes, 1 de octubre de 2013

1era Jornada de Debates Sociológicos: Desigualdad, Violencia y Criminalidad

Reconocemos que existe una situación de criminalidad. No obstante, escuchamos de manera constante y recurrente cómo el Estado se ha apropiado de un discurso sobre la pérdida de valores como justificación a los problemas de gobernabilidad y no como resultado de la pobreza y la desigualdad social. 
 
La difícil tarea de contextualizar la criminalidad, no como un asunto individual de quien ejerce la conducta delictiva, sino como un asunto colectivo, que se encuentra imbricado en estructuras socio-económicas excluyentes que obstaculizan el acceso a recursos y a oportunidades de desarrollo pleno de los seres humanos, es uno de los ejes principales a discutirse en la primera jornada de debates sociológicos que se llevará a cabo el 8, 9 y 10 de octubre de 2013 en la Sala de Usos Múltiples en la Universidad Interamericana, Recinto Metro. El horario de los tres días será de 10:00am a 12:00pm.

Surgen varias interrogantes: ¿Hacemos justicia cuando encarcelamos al individuo que cometió el acto delictivo, sin más? o ¿Se hace justicia cuando atendemos los asuntos sociales-estructurales que llevan a los individuos a cometer y continuar cometiendo estos actos delictivos?, ¿Existe, institucionalizado, un prejuicio y discrimen contra las comunidades pobres y las históricamente excluídas?, ¿Un sistema económico, donde la acumulación de riqueza y el poder adquisitivo pertenece a unos pocos, provee una sociedad menos delictiva? Vivir en un Estado donde sus ciudadanos carezcan de recursos y de acceso a las necesidades más básicas del ser humano, ¿promueve armonía, solidaridad y paz social? 




El primer día, se dialogará sobre el tema de la desigualdad y el binomio violencia-criminalidad desde un abordaje crítico. El segundo día, se expondrán tres proyectos vinculantes a la acción comunitaria que atienden la problemática de la violencia-criminalidad y la desigualdad social. El tercer día, la ex gobernadora de Puerto Rico, Sila M. Calderón, presentará el proyecto de su Fundación, Centro para Puerto Rico, como acción institucional para atender la desigualdad social, desde una óptica de género y de desarrollo económico comunitario.

El Programa de la Jornada es el siguiente:

Martes, 8 de octubre:              Complejizando el binomio violencia-criminalidad

                                                Panelistas:

                                                -Dra. Madeline Román

                                                "Tiroteos de carro a carro, tome el carril derecho": Notas para pensar la violencia contemporánea.

                                                -Lcda. Myrta Morales Cruz

                                                Derecho, pobreza y género

                                                -Dr. Salomón Barrientos

                                                Duelo social: la invisibilidad de la pobreza y la desnaturalización del sujeto.

 

Miércoles, 9 de octubre:         Proyectos vinculantes de acción comunitaria

                                                Panelistas:

                                                -Planificadora Lyvia Rodríguez Del Valle

                                                Corporación ENLACE del Caño Martín Peña

                                                -Lcda. Amaris Torres Rivera

De lo individual a lo colectivo: Reflexiones sobre la responsabilidad social como compromiso para atajar la desigualdad.

-Rafael Rivera Rivera, Líder comunitario de Villa Cañona, Loíza.

 

Jueves, 10 de octubre:             Sila María Calderón

                                                  Presentación: Centro para Puerto Rico

lunes, 23 de septiembre de 2013

Estudiantes de derecho se capacitan para educar sobre derechos constitucionales

 El lunes, 16 de septiembre de 2013, un grupo de estudiantes de derecho del Pro Bono Democracia y Participación Ciudadana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico se capacitaron en temas de derechos constitucionales, participación ciudadana y acceso a la justicia.
Esta auto-capacitación entre estudiantes de derecho, además de ser parte integral en su formación jurídica, es un paso fundamental antes de ofrecer los talleres educativos a diversas comunidades y escuelas públicas en Puerto Rico. Mediante esta capacitación se desarrollan saberes y abordajes críticos del derecho, se debaten propuestas sobre el derecho como herramienta de cambio social, se problematizan aspectos de desigualdad social y acceso a la justicia, se discute el rol que deben asumir los abogados y abogadas en la sociedad, entre otros temas.
El Pro Bono Democracia y Participación Ciudadana, como sección del Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho UPR, tiene como meta fomentar la responsabilidad social de los futuros abogados y abogadas de Puerto Rico, concibiendo la profesión en función pedagógica e instrumento facilitador para eliminar las barreras-obstáculos para acceder a la justicia. Además, apuesta al desarrollo de una sociedad más democrática y equitativa, a través de talleres educativos sobre los derechos, a los fines de apoderar individual y colectivamente a comunidades históricamente excluidas.  Uno de sus principales propósitos es fomentar que las personas/comunidades se inserten en la gestión pública y sean parte de sus procesos decisionales, como parte inherente de un Estado de Derecho democrático.
Felicito a estos estudiantes de derecho que desde su primer año de estudio están comprometidos con su País y en hacer de la profesión jurídica algo distinto.
Agradecemos a Cristina y a Amilcar por habernos permitido llevar a cabo el Taller en su restuarante, Latte que Latte, en la Ave. Domenech, Hato Rey.

sábado, 24 de agosto de 2013

Acceso a la justicia para la comunidad penal

Enriqueciendo la formación jurídica de las y los estudiantes de derecho, el Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico inicia este año académico con nuevas secciones de servicio pro bono. El Pro Bono de Servicios a la Comunidad Penal es una de esas nuevas secciones que continúa fomentando el acceso a la justicia a comunidades desventajadas, pero esta vez dirigido a confinados y confinadas  del sistema penitenciario de Puerto Rico.

Este nuevo pro bono "surge como respuesta al desconocimiento que tienen los y las estudiantes sobre el procedimiento y situaciones a las que quedan expuestos/as los confinados/as una vez les es dictada su sentencia y la necesidad de representación legal que existe en esta población." expresa el folleto informativo.

A través de este pro bono se crea un lazo colaborativo  entre la Escuela de Derecho UPR y la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), en particular su división de Asuntos Especiales y Recursos Post-Sentencia. Esta división es la única en Puerto Rico que atiende problemas de carácter legal sin costo alguno que surjan de confinados/as y liberados/as indigentes en nuestro sistema de Justicia.

Entre los objetivos y actividades de este pro bono se encuentran:
Brindar ayuda para desarrollar un sistema eficiente para conseguir que el/la confinado/da que vaya a ser liberado tenga herramientas suficientes para reintegrarse a la libre comunidad de forma cónsona con el objetivo de rehabilitación; Asistencia en entrevistas en visitas a cárceles, asistencia en escritos apelativos e investigaciones, brindar apoyo en vistas públicas ante comisiones legislativas, etc.

Felicito a la Lcda. Mayté Bayolo, Lcda. Olga Marín, y al Lcdo. Luis Alberto Zambrana por esta excelente inicativa.

Para mayor información sobre la problemática de la población de confinados/as en el sistema penitenciario de Puerto Rico pulse aquí

lunes, 27 de mayo de 2013

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TIEMPOS DE CRISIS de Lynmarie Rivera Martínez

El 1 de mayo de 2013, el Pro Bono Democracia y Participación Ciudadana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico organizó el Foro: Criminalización de la Protesta y Su Impacto en la Participación Ciudadana. La apertura del Foro fue llevada a cabo por la estudiante de Derecho e integrante del Pro Bono, Lynmarie Rivera Martínez. Con mucho entusiasmo, comparto su ponencia.



La participación ciudadana en tiempos de crisis
Por: lynmarie rivera Martínez

“La participación hace a la gente más consciente de los vínculos entre los intereses públicos y privados, los ayuda a desarrollar un mejor sentido de justicia y es a la vez un aspecto crítico en el proceso de desarrollar un sentido de comunidad.” -  T. BEIRLE Y J. CAYFORD.

Es en  los tiempos de crisis que un sistema verdaderamente democrático debe garantizar la transparencia, participación y salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es en este contexto, que debemos posar nuestras miradas sobre la participación de los ciudadanos y ciudadanas, como entes fiscalizadores-creadores de ideas y fundamentos, que ayuden a proveer soluciones efectivas y reales a los problemas que aquejan el país. Debemos apostar al empoderamiento de las comunidades y sectores, a la autogestión y a la toma informada de decisiones.
Es por eso que en la noche de hoy, nos proponemos abordar el tema la Criminalización de la Protesta.[1]   Y es precisamente para comprender las dimensiones y complejidades que conforma el mismo, que resulta imprescindible situar la participación ciudadana en el contexto de la crisis.
El problema actual de participación ciudadana en nuestro ordenamiento  es complejo, pero lo podemos  identificar dos planteamientos principales: 1) no se le ha provisto a los ciudadanos y ciudadanas mecanismos efectivos para participar en los procesos gubernamentales 2) la realidad que en nuestro país existe una falta de  cultura de participación. Un intento en esa dirección lo constituyen algunas disposiciones de  la [2]Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).  Esta reconoce ciertas garantías de participación en procesos administrativos tales como: derecho a recibir notificación, oportunidad de someter comentarios en procesos de aprobación de reglamentos, comparecer a vistas públicas y la  oportunidad de ser oídos.
Sin lugar a dudas esto ha sido un paso en la dirección correcta. Nos falta, sin embargo, mucho camino por recorrer.  Es preciso brindarle a la ciudadania una participación real y efectiva en los procesos. En la práctica, LPAU no ha podido subsanar los problemas que enfrentan los ciudadanos en las agencias administrativas.
Luego de 25 años de aprobada esta ley, todavía algunos de los problemas comunes en las agencias son los siguientes: 1) las notificaciones a las partes afectadas muchas veces no llegan; 2) cuando los ciudadanos presentan una Solicitud de intervención porque se están viendo afectados, la agencia se niega a otorgársela o peor aún nunca reciben contestación; 3) no se les brinda la oportunidad de examinar el expediente 4) si pueden acceder al expediente, no hay posibilidad de adquirir copias del mismo y de haber esa posibilidad, el costo es tan alto que el ciudadano no puede pagarlo. Estos son sólo algunos de los retos y obstáculos que enfrenta el ciudadano y la ciudadana de a pie a la hora de buscar información y tratar de participar.
Ante dicho panorama es preciso preguntarnos ¿cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos?  Esta noche exploraremos como respuesta la siguiente: Los ciudadanos han utilizado la Libertad de Expresión.  A modo de válvula de escape, el derecho constitucional a expresarse se constituye entonces en alternativa ante la incapacidad de un sistema que no provee espacios y estructuras verdaderamente participativas en la adopción de leyes, reglamentos y aprobación de permisos.
El derecho a protestar no tiene un carácter aislado ni fragmentado.  En cambio, se nos presenta como herramienta efectiva y poderosa en la lucha para vindicar otros derechos. Y es que el derecho a la protesta, como nos menciona el constitucionalista argentino [3]Roberto Gargarella es un “súper derecho”, el “primer derecho”.  En palabras de Gargarella: “En el núcleo esencial de los derechos de la democracia está el derecho a protestar, el derecho a criticar al poder público y privado. No hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia no puede subsistir.”
Es por ello que el ciudadano y ciudadana han reconocido que retar el sistema gubernamental, desquebrajar la cultura del secreto y la autoridad que lo define, requiere hacer uso del derecho a la protesta.  No para una mera queja, sino como firme exigencia de una verdadera y amplia participación ciudadana en los procesos administrativos y  en toda gestión gubernamental. 
El Prof. William Vázquez Irizarry[4], en su columna recién publicada, nos invita a reflexionar al expresar cómo la participación ciudadana “está de moda y eso es un peligro”. Peligro en el sentido de que el gobierno y los partidos adopten un discurso de mayor participación de forma ligera, sin concreción, ni la seriedad merece.  Es por esto, que los  que apostamos a un sistema transparente, democrático y participativo tenemos el deber de insertarnos en el debate público.  Y fomentar que se discuta  a profundidad  el déficit estructural de participación que existe en nuestro Sistema Democrático.
Tenemos que aprovechar la coyuntura histórica en la  que vivimos donde, la llegada de nuevas tecnologías y redes sociales hace cada día más fácil, el acceso del ciudadano a la información y por ende, a asociarse y participar de manera informada. Hemos vistos como en meses recientes se han utilizado las redes sociales para convocar manifestaciones y hasta “boicots”. Esto nos sirve para reflexionar cómo los ciudadanos están reclamando mayor participación en decisiones que les afecta directamente a nivel individual y colectivo. 
La participación ciudadana ha llegado retomando espacios, como río que vuelve a retomar su cauce. Ahora es deber de todos y todas exigir y proponer una agenda de participación ciudadana concreta, real y efectiva.



[1] Lynmarie Rivera Martínez, estudiante de tercer año Escuela de Derecho Universidad de Puerto Rico. Ponencia introductoria en el Foro: La Criminalización de la Protesta y su Impacto en la Participación Ciudadana llevada a cabo el  1 de mayo de 2013 en el Aula Magna de la Escuela de Derecho UPR.
[2] Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA § 21.
[3]NO HAY DEMOCRACIA SIN PROTESTA.  Entrevista a Roberto Gargarella, por Esteban Rodríguez sobre libro El derecho a la protesta. El primer derecho” (publicado por la editorial Ad Hoc).
 
[4] Prof. William Vázquez Irrizary. Una agenda de participación. Columna publicada el 29 de marzo de 2013 en el Nuevo Día.