viernes, 26 de marzo de 2010

Fiscalización y las "Minorías" en el Sistema Universitario


**Este artículo es en respuesta al artículo escrito por Ygrí Rivera de Martínez, Presidenta de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, en el períodico El Nuevo Día el 16 de marzo de 2010.

La actual lucha de la comunidad universitaria en el Sistema de la UPR surge de una legítima preocupación al anunciarse que se implantarán una serie de medidas debido a una crisis presupuestaria de alrededor de $100 millones de dólares que afectará adversamente nuestra Educación Pública Superior. Ante una amenaza de inminente daño producto de una crisis fiscal, que se perpetua, a su vez, a través del discurso utilitarista del Estado, la comunidad universitaria, particularmente sus estudiantes, se levanta y reclama sus derechos como parte integral del sistema. La realidad es que, más allá de imputaciones equívocas de anarquismo, lo que se está reclamando en la UPR, particularmente en el Recinto de Río Piedras, es el derecho que tienen los componentes de esta comunidad a ser escuchados. No puede tacharse de anarquista a quien reclama mayor participación en la toma de decisiones y medidas que afectan de manera directa y adversa el sistema público universitario. Tampoco es anarquismo reivindicar el derecho a tener acceso a la información que evidencie detalladamente la crisis presupuestaria y los criterios utilizados para decidir sobre ciertas medidas drásticas y no otras.

Nos preocupan las medidas bajo consideración puesto que presentan graves problemas de accesibilidad a presentes y futuros estudiantes que deseen estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Si bien estamos ante una institución pública, las soluciones parecieran dirigirse a otros caminos que facilitan y perpetúan modelos de estructura corporativos y de privatización bajo el supuesto de subsanar una crisis fiscal.

Aunque se fomente por vías discursivas que el Pueblo de Puerto Rico debe descansar en la fe, confianza y tranquilidad de lo que se decida en términos de medidas para subsanar la crisis presupuestaria, esto es un precepto totalmente disuasivo a la fiscalización como un derecho y deber de todo ciudadano y ciudadana, al igual que de los miembros de la comunidad universitaria, de conocer y expresarse sobre asuntos que atañen a la institución. Porque después de todo, es con el dinero del Pueblo que se preserva y se mantiene la Educación Pública del país. Es importante entender que el concepto de autonomía universitaria no debe ser utilizado para fines de coartar ni menoscabar el derecho del Pueblo de Puerto Rico y la comunidad universitaria de fiscalizar la toma de decisiones que se lleven a cabo dentro de la Institución y, más aún, cuando se pudieran tomar medidas tan adversas y detrimentales para el Sistema Universitario. En este sentido, es fundamental reconocer el rol de activismo por parte de grupos pertenecientes a la comunidad universitaria, que aunque para algunos sean “minorías” carentes de legitimidad, la realidad es que ejecutan una función fiscalizadora vital.

Además, debemos preguntarnos si la Junta de Síndicos de la UPR, independientemente de la autoridad conferida en la Ley Universitaria, puede en realidad reclamar mayor representatividad de los intereses universitarios, que los cerca de 500 manifestantes que acudieron a expresarse frente a la Torre del Recinto de Río Piedras el jueves 11 de marzo de 2010. Eventos como éste son ejercicios de libertad de expresión donde hay que respetar al manifestante solitario de igual manera que a varios centenares, como fue realmente el caso ese día. Por último, ¿y qué si al final se tratara de minorías? Una sociedad democrática y pluralista se nutre precisamente de las minorías. Con el claro objetivo de deslegitimar el discurso excluyente de minorías, el ordenamiento jurídico cuenta con varios preceptos, incluyendo la igual protección de las leyes, que procuran salvaguardar estos derechos ante sectores mayoritarios. Es imprescindible y necesario reconocer que las minorías también son importantes porque forman parte esencial de la comunidad, de la sociedad y del país. ¿No les corresponde precisamente a éstas el principal deber de fiscalizar en un sistema democrático?

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