martes, 6 de abril de 2010

Democracia y la Ley de la Universidad de Puerto Rico

Actualmente, se encuentra en el debate público la crisis presupuestaria por la que atraviesa la Universidad de Puerto Rico. Dicha crisis está siendo remediada por entes y foros administrativos de suprema jerarquía dentro del propio esquema administrativo del sistema universitario. La exclusión de gran parte de la comunidad universitaria en la toma de decisiones y medidas para paliar la precaria situación financiera de la institución conlleva grandes problemas institucionales, y reclamos que pudieran indicar violaciones a su propia ley.

La Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, según enmendada, establece en su artículo 2, inciso b, que en cumplimiento leal con la misión de la Universidad, ésta deberá:

"Conservar, enriquecer y difundir los valores culturales del pueblo puertorriqueño y fortalecer la conciencia de su unidad en la común empresa de resolver democráticamente sus problemas".

Debemos replantearnos si, en efecto, la Administración de la Universidad está resolviendo democráticamente los problemas relacionados a la crisis presupuestaria. ¿Es constitutivo de una verdadera democracia, actuar de manera excluyente, deslegitimando sectores en lucha y catalogándolos como "minorías"? ¿Es realmente democrático que la Administración sólo se limite a escuchar los reclamos de miembros del Consejo de estudiantes y excluir reclamos por parte de otros sectores del movimiento estudiantil, como los comités? ¿Qué tipo de democracia institucional queremos para nuestra Universidad, una representativa, que limite drásticamente la participación de la comunidad universitaria en general, o una participativa, que fomente la inherencia de diversos sectores de la comunidad universitaria en la toma de decisiones de la institución?

El autor Cornelius Castoriadis, filósofo político y psicoanalista europeo, entendía que la libertad e igualdad, cómo principios rectores de la democracia, se exigen mutuamente, y por lo tanto, cuando existe una colectividad y ésta pueda vivir bajo unas normas, nadie es efectivamente libre sino tiene la posibilidad efectiva de participar en la determinación de éstas. ¿Es, entonces, viable restringir la libertad de las y los miembros de la comunidad universitaria imposibilitando su participación en la determinación de normas y medidas ha aprobarse dada la crisis presupuestaria?

Es fundamental entender que la participación efectiva de la comunidad universitaria fomenta valores de igualdad y justicia, pues todos y todas formarían parte del proceso decisional acerca de medidas que les afectan de manera directa. El profesor de Derecho, autor y filósofo argentino, Roberto Gargarella, explica que si las normas son creadas en un proceso en el cual los afectados toman parte activa, no es esperable que tales normas sean injustas.

Es imperativo recordarle a los foros de mayor jerarquía administrativa de la Universidad de Puerto Rico que en búsqueda de mayor justicia en los procesos y por virtud de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, se les requiere que resuelvan, de manera democrática, los problemas relacionados a la crisis presupuestaria reconociéndole el derecho a una legítima participación a todos los sectores de la comunidad universitaria. De otra manera, los métodos propuestos para resolver la crisis presupuestaria y el proceso decisional irían en contra de lo constituído en la propia Ley, implicando, de esta manera, un proceso completamente ilegítimo ante la comunidad universitaria.

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