miércoles, 21 de abril de 2010

Presupuesto: Valor Público v. Valor Financiero

Resulta preocupante la manera en que se analiza y se toman decisiones relacionadas al presupuesto del país y la Universidad de Puerto Rico. Bajo el supuesto de mejorar o estabilizar las finanzas, se limita de manera exclusiva y prioritaria el análisis sobre el presupuesto a valores estrictamente financieros. Persiste, entonces, la idea y manera de administrar el país y las instituciones públicas a base, fundamentalmente, de una racionalización que promueve rigurosos análisis de costo-beneficio que desembocan en la reducción de gasto público, éste como factor determinante y causante de toda la crisis. Al ser así, se evade un análisis más abarcador que considere, como parte esencial del estudio viabilizador sobre el presupuesto, el valor público o social. Al excluir este valor al momento de tomar las determinaciones relacionadas al presupuesto, se incurre en una deformación y desarticulación total del propósito de gobernar un país en representación de millones de ciudadanos y ciudadanas: promover la calidad de vida a través de la sana administración de lo público (lo del pueblo).

El martes, 20 de abril de 2010, en una conferencia sobre el tema de Alianzas Público-Privadas en la Educación, una de las conferenciantes, Yolanda Cordero Ph. D, quien trabajó en la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico y trabaja actualmente en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, indicaba que en Inglaterra, bajo la administración de Margaret Thatcher, de 1979 a 1990, se llevó a cabo un intenso proceso de privatización que logró reducir significativamente el gasto público, no obstante, la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas no aumentó.

¿Qué, entonces, resultaría mejor para un país: "estabilizar" las finanzas, como agenda gubernamental principal, o fomentar y mejorar la calidad de vida de las personas? Ante esta disyuntiva, algunas personas escogerían una u otra, o pudieran entender que ambas convergen entre sí. Parecería ser evidente, que entre la administración de Thatcher en Inglaterra y el panorama análogo a la política pública implementada en Puerto Rico para mejorar las finanzas del país y reducir el gasto público como agenda prioritaria (por ejemplo, la Ley especial declarando estado de emergencia fiscal y estableciendo plan de estabilización fiscal para salvar el crédito de Puerto Rico, o mejor conocida como Ley 7, y la Ley de alianzas público-privadas) se invisibilizan posibles políticas y medidas que fomenten verdaderamente la calidad de vida de las personas y, a su vez, la calidad en las instituciones, como la Universidad de Puerto Rico.

Al abordar su ponencia, la Dra. Cordero, presentó un análisis estadístico que indicaba que el 98% de las aportaciones de estudios e investigaciones al país provienen de la Universidad de Puerto Rico. Este dato, que contribuye enormemente al desarrollo y mejoramiento social (y, a su vez, a uno económico, político y cultural) del país, está constituido en la clasificación valorativa de lo público o social, lo cual, en un análisis gubernamental estrictamente financiero, no tiene cabida. Entre otras estadísticas mencionadas, se encontraba el porciento de personas que son admitidas y logran graduarse de instituciones de educación superior. Resultó que la Universidad de Puerto Rico sobrepasó los porcentajes en comparación con otras universidades privadas. Estos datos constituyen valor público/social y tienen el efecto directo e indirecto de fomentar una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Sin duda, estas estadísticas demuestran el nivel académico superior de esta institución pública (UPR) frente a otras instituciones privadas de educación superior, contrario a la premisa y política pública de la actual administración de que lo privado es mejor y más eficiente.

Al momento de establecer política pública o tomar determinaciones que afecten a la sociedad puertorriqueña y a sus instituciones, no basta meramente con estrictos análisis financieros. Si quienes administran le confieren mayor valor a lo financiero que a lo social/público, aumentará significativamente la desigualdad, la inaccesibilidad a foros y servicios públicos, disminuirá la calidad de vida y se deteriorará el funcionamiento de instituciones públicas de gran importancia para el pueblo puertorriqueño como lo es la Universidad de Puerto Rico, pilar en el desarrollo de conocimiento, del enriquecimiento cultural y científico, promovente de justicia social, y generador de excelentes profesionales.

Si pensaramos que la aprobación de la Ley 7 ha sido un factor determinante para aliviar el crédito de Puerto Rico, pero el efecto de los despidos masivos y los recortes presupuestarios a tenido una consecuencia detrimental en la calidad de vida de las y los puertorriqueños, en los servicios públicos, en la economía local, en el funcionamiento, calidad y accesibilidad de instituciones públicas como la Universidad de Puerto Rico, entre otros, ¿Qué valor, entonces, debería prevalecer al momento de administrar un país? ¿Es beneficioso tomar determinaciones de presupuesto y de política pública a base de valores financieros principalmente? ¿Debe ser el valor público/social parte fundamental en los análisis de presupuesto gubernamental por ser vital en la producción de una verdadera calidad de vida?

1 comentario:

  1. "Anxiously focused on national economic growth, we increasingly treat education as though its primary goal were to teach students to be economically productive rather than to think critically and become knowledgeable and empathetic citizens. This shortsighted focus on profitable skills has eroded our ability to criticize authority, reduced our sympathy with the marginalized and different, and damaged our competence to deal with complex global problems. And the loss of these basic capacities jeopardizes the health of democracies and the hope of a decent world."

    - "Why Democracy Needs the Humanities" by Martha Nussbaum

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