martes, 29 de junio de 2010

A denunciar la prohibición de acceso a la Legislatura

Mañana miércoles, 30 de junio de 2010, a las 5pm, múltiples sectores se la sociedad puertorriqueña han sido convocados por los estudiantes universitarios del Sistema UPR para llevar a cabo una manifestación en el Capitolio durante la última sesión legislativa. El mensaje contundente trae consigo el propósito de reabrir el hemiciclo del Senado, el cual lleva cerrado desde la semana pasada cuando su presidente, Thomas Rivera Schatz, emitió una orden para prohibir la entrada y acceso a cualquier persona, incluyendo la prensa del país. Esto, en clara violación a la disposición constitucional establecida en el artículo III, sección 11 sobre Poder Legislativo "Las sesiones de las cámaras serán públicas" y a la disposición establecida en el artículo II, sección 4 sobre la garantía constitucional a la libertad de prensa.

En los días que el hemiciclo ha permanecido cerrado se han aprobado múltiples leyes, sin proceso de vistas públicas, relacionadas al presupuesto para el próximo año fiscal, enmiendas a la Ley del Karso para permitir construcciones en el mismo, enmienda a la Ley sobre Calentamiento Global que revierte los controles para reducir las emanaciones de gases de invernaderos y disminuye los métodos de fiscalización, enmiendas para permitir la custodia compartida automática, entre otras. Además, sin ningún tipo de participación de la comunidad universitaria, se aprobó una enmienda a la Ley universitaria que aumentó el número de la Junta de Síndicos de 13 a 17, lo cual ejerce mayor control del gobierno en la universidad, ya que los nuevos miembros fueron nombrados por el gobernador, infringiendo terriblemente la autonomía universitaria y los procesos democráticos que se deben llevar en relación a la Institución de educación pública superior.

Prohibir el acceso a la prensa y a los ciudadanos para conocer las leyes que se están aprobando en el país constituye ineludiblemente un acto totalmente anti-democrático, totalitario, y represivo. Cuando se les prohíbe a las personas participar o tener acceso a los procesos legislativos, entonces todo se transforma en un régimen político que no constituye un Estado de Derecho Democrático, como establece la Constitución del Puerto Rico. Cuando las personas que están en posiciones de poder, abusan del mismo, violan disposiciones constitucionales, excluyen a los ciudadanos de cualquier proceso participativo, impiden el acceso a información, infringen derechos fundamentales, y restringen libertades, se convierten en protagonistas y promoventes de regímenes de tiranía. Fomentan una forma de gobernar autoritaria y fascista.

Esto no se trata de ideologías políticas o partidismos, esto es una cuestión de dignidad y democracia. Mañana, al Capitolio.

lunes, 28 de junio de 2010

Un cierre patronal en la Universidad

Un cierre patronal en la Universidad
Editorial de El Nuevo Día
28 de junio de 2010

La estrategia de tranque y confrontación derrotada en derecho en todos los foros adjudicativos, incluyendo la reunión en que la Junta de Síndicos aprobó los acuerdos para el fin de la huelga, es revivida en los hechos por la Administración, para mantener por más tiempo cerrada la Universidad de Puerto Rico mediante un paro patronal.

Era predecible que la manipulación con la Junta de Síndicos por parte del Ejecutivo y la Legislatura produciría la reactivación de la crisis en nuestro principal centro docente, la que parecía haberse resuelto satisfactoriamente con la mediación impuesta por el tribunal y magistralmente conducida por el ex juez Pedro López Oliver.

La retractación gubernamental de los acuerdos entre la Junta de Síndicos y los estudiantes en huelga por casi 60 días, representa un pésimo augurio para el futuro de la Universidad, amén de que pone en tela de juicio la validez de la palabra empeñada por la Administración.

Tiene razón el presidente de la Universidad, José Ramón de la Torre, cuando dice que “estamos en estado de crisis todavía”. Pero, se equivoca al atribuir la crisis a los estudiantes, puesto que quienes reniegan de los acuerdos son él y la Junta de Síndicos que, ya en su versión agrandada como oferta de “fast food”, ratificó la ingobernabilidad este sábado y la catapultó como su único método de administración.

Es tan así que, al dejar la reapertura de los recintos al azar, la Junta parece hacer suyas las ridículas razones expuestas por De la Torre como excusa para revocar el itinerario inicial de reapertura de los recintos que había sido anunciado a principios de la semana pasada y que habría permitido reiniciar hoy el accidentado segundo semestre académico. Decir que hay que cortar la grama, o reparar un acondicionador, o pintar aquí o allá, es faltarle al respeto a la inteligencia del País, que vivió angustiado el proceso huelgario y que se sintió aliviado por los acuerdos para su terminación. La presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, votó en contra de los acuerdos, es cierto, pero se quedó prácticamente sola en la ocasión, ya que la mayoría de los síndicos, incluidos algunos identificados con el partido de Gobierno, decidieron avalarlos. Sin embargo, desde el primer momento Rivera denotó una actitud de desafío al pacto, lo que presagiaba la orquestación de un sabotaje a los términos del mismo. La subsiguiente aprobación legislativa “fast track” del aumento a 17 de los miembros del organismo, seguida por la firma a la carrera de Fortuño a la medida y el nombramiento y confirmación en menos de 24 horas de los integrantes nuevos, no dejó lugar a dudas de que el Gobierno no cejará en su empeño de controlar con puro mollero político la Universidad.

El jaque mate lo concretó la administración de la Universidad al negarse a la desestimación del pleito judicial contra el Consejo General de Estudiantes, lo que equivale a desacatar la orden del juez superior José Negrón Fernández, que obligó a la mediación. Reclama ahora la Administración universitaria que el “voto de huelga preventivo” aprobado por los estudiantes al acordar el fin del conflicto representa una amenaza a la paz institucional. Pero, ¿acaso no es amenazante la insistencia de la Junta en imponer en enero de 2011 la cuota especial por estudiante que planeaban para agosto y que se había acordado no ejecutar?

Hemos insistido en que se impone una solución universitaria a los problemas de la UPR. El que sea del Estado no significa que la Universidad deba estar sujeta a los vaivenes del partidismo ni a los caprichos de funcionarios -electos y designados- que quieren hacer de la institución un botín de guerra o parte del “suculento banquete” de poder que, con toda prepotencia, era anunciado consistentemente el cuatrienio pasado desde un notorio y desacreditado escaño de la mayoría senatorial.

domingo, 27 de junio de 2010

Desayuno Calle 18

Hoy, domingo, 27 de junio de 2010, se estará llevando a cabo el 18avo Desayuno Calle en el Parque de la Avenida Américo Miranda, cerca de Centro Médico, a partir de las 10am.

Desayuno Calle fomenta la activación de espacios públicos en Puerto Rico a través del compartir cotidiano entre personas y el disfrute de desayuno colectivamente. Para quienes han coordinado Desayuno Calle, su reto consiste en "Juntar un grupo de personas conocidas y/o desconocidas, para desayunar en algún espacio público de la ciudad. El primer experimento de esta acción fue concebido en 1996 por el artista austriaco, Friedemann Derschmid. La idea básica era ocupar espacios públicos inhabitados e inusuales de la ciudad para desayunar y estimular interacción social en los mismos".

Andrea Bauza, integrante del equipo de coordinación de Desayuno Calle, explica "Ante el discurso sobre desuso del espacio público en Puerto Rico, Desayuno Calle se crea como un ente de acción. Parte de nuestra misión consiste en estimular una revisión a la mirada sobre el contexto que habitamos. ¿Cómo podemos identificar en nuestro barrio espacios públicos que potencian una experiencia urbana agradable? ¿Qué tipo de actividad nos invita ese espacio a brindarle? Con estas preguntas en mente queremos que este próximo desayuno celebre los pequeños descubrimientos que hacemos al abrir los ojos ante espacio que nos rodea diariamente."

Para llegar al Parque de encuentro: Acceder la salida del Expreso Las Américas hacia Centro Médico y tomar la Avenida Américo Miranda en dirección hacia la Ave. de Diego. Una vez pasas el semáforo del Banco Popular (que está a mano izquierda), el Parque te queda a mano derecha, frente a la panadería la Cialeña.

Puedes llevar tu desayuno y algo para compartir. El DC fomenta la protección al medioambiente, así que exhortan a traer tu propia taza y utensilios que no sean desechables.




Fotos de http://www.comerciojustopr.blogspot.com y http://www.miprv.com

viernes, 25 de junio de 2010

Distorsionado el concepto de Participación Democrática

El lunes, 21 de junio de 2010, el gobernador de Puerto Rico aprobó un proyecto de ley -por descargue y sin vistas públicas- que aumenta el número de miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico de 13 a 17 miembros. La Junta de Síndicos, principal cuerpo administrativo conforme a la toma de decisiones de la Institución de educación pública superior, está compuesta únicamente por un representante estudiantil y solamente dos profesores, los demás miembros son identificados como "ciudadanos profesionales" del país.

Durante la huelga en la Universidad de Puerto Rico, que recién culminó con la aprobación de los acuerdos entre la Junta de Síndicos y el Comité en representación del estudiantado universitario de los 11 Recintos universitarios mediante un proceso de mediación en el Foro Judicial, reflejó la necesidad y el reclamo de que la toma de decisiones sobre los asuntos medulares de la Universidad no debe quedar en manos de unos pocos, sino de la colectividad que compone la comunidad universitaria. Los articulados reclamos estudiantiles fueron y siguen siendo evidencia latente de lo urgente que se ha convertido repensar/reestructurar/reorganizar esquemas institucionales de democracia dentro de la Universidad por unos de democracia participativa.

Es de vital constancia, que cuando la colectividad ciudadana, en este caso la comunidad universitaria, forma parte activa en la toma de decisiones sobre asuntos que le afectan directamente, las determinaciones son palpablemente menos injustas. Ciertamente, los universitarios - los miembros de la comunidad universitaria- tienen derecho a ser partícipes en la toma de decisiones sobre asuntos que les afecten directamente, pues es garantía constitucional el derecho a ser oído como parte de la máxima del debido proceso de ley, ya que se pudiera violentar el derecho a la vida, libertad o propiedad de los individuos -o del colectivo- al ser excluidos del proceso decisional. Desde el aspecto institucional y teórico sobre la democracia, Amartya Sen, nos instruye en su más reciente publicación The Idea of Justice, "Public reasoning and deliberation can lead to a better understanding of the role, reach and significance of particular functionings and their combinations. The crucial role of public reasoning in the practice of democracy makes the entire subject of democracy relate closely with the topic of justice. If the demands of justice can be assessed only with the help of public reasoning, then there is an intimate connection between justice and democracy. What is more important is to note the general recognition that the central issues in a broader understanding of democracy are political participation, dialogue and public reasoning."

El vínculo entre democracia y la obtención y consecución de la justicia se traduce a mayor participación en los procesos decisionales de las diversas instituciones sociales.

No obstante, la exposición de motivos de la recién aprobada enmienda a la Ley de la Universidad para aumentar el número de miembros de la Junta de Síndicos de 13 a 17, se apodera del discurso de democracia participativa y lo distorsiona de la siguiente manera: "A los fines de dotar a la Universidad de Puerto Rico de una Junta de Síndicos con el mayor grado de participación ciudadana posible, se recomienda ampliar la composición de la misma. (...) se incluye representación de los ex alumnos de la Universidad de Puerto Rico (y) se dispone que todos los miembros de la Junta que sean nombrados por el Gobernador servirán por 6 años."

Pareciera válido, de primera mano, el planteamiento de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la Universidad. No obstante, quienes pertenecemos a la comunidad universitaria sabemos que al autor de dicha medida no le asiste la razón por varias razones. A través de dicha enmienda, se incorporan a la Junta de Síndicos miembros que son ex alumnos de la Institución. Aunque, los egresados de la Universidad son producto de la educación y del proceso humanístico/liberador que pretende llevar a cabo la Institución, ciertamente quienes tienen aún mayor legitimidad para pertenecer al proceso decisional son los propios miembros activos de la comunidad universitaria, pues son ellos quienes viven, laboran y forman parte día tras día de este proyecto universitario. Con esto, no deslegitimo la presencia de ex alumnos como parte del proceso decisional, sin embargo, al tener la oportunidad de añadir a la Junta de Síndicos miembros adicionales, sin duda, se debería considerar seriamente incluir miembros vitales de la comunidad universitaria, tales como estudiantes, profesores o empleados, ya que son la razón de ser de la Institución. Añadir exclusivamente ex alumnos, quienes se han desligado en gran medida de la Universidad y de su propósito social (Vea artículo de una nueva miembro de la Junta de Síndicos, ex alumna, sobre su análisis sobre la educación y su concepción de la Universidad , aquí), evidentemente constituye una grave afrenta a la verdadera participación democrática de la comunidad universitaria en los asuntos decisionales.

Por otra parte, la intervención indebida del gobernador de Puerto Rico al nombrar los nuevos miembros de la Junta de Síndicos infringe perjudicialmente la autonomía universitaria, que según lo establecido como propósito de la Ley de la Universidad de Puerto Rico es el "reafirmar y robustecer la autonomía universitaria y facilitar su continuo crecimiento." Además, dicha ley, en artículo 3, establece que al revisarse la Ley universitaria se deberán proveer "los mecanismos que garanticen la participación plena de todos los sectores universitarios. La autonomía universitaria de las unidades y el respeto a la libertad académica deben ser esenciales en cualquier propuesta de revisión." El aumento de miembros en la Junta de Síndicos es una determinación que conlleva un alto grado de vinculación con toda la comunidad universitaria, pues las decisiones que tome dicho cuerpo afectan directamente a los universitarios y a la Institución pública de educación superior. Sin embargo, esta medida fue aprobada de manera rápida, sin haber estado en agenda, y sin vistas públicas. Sin duda, no solo se violentaron los preceptos legales, antes citados, expuestos en la Ley universitaria, sino que se empleó un mecanismo totalmente anti-democrático y excluyente al no otorgarse participación alguna a la comunidad universitaria para expresarse sobre los efectos que dicha medida pudiera tener. Aquí, el derecho a ser oído, como parte de la máxima constitucional a un debido proceso de ley fue arbitrariamente infringido.

Esta medida y, a su vez, la manera en que el gobierno ha administrado los asuntos relacionados a la Universidad, constituyen, claramente, omisiones a las nociones de justicia y democracia que deberían permear institucionalmente en nuestro país. El desmantelamiento del proyecto universitario, la toma de decisiones sobre la Universidad en manos de unos pocos, la afrenta a procesos deliberativos y participativos, la exclusión total y arbitraria de quienes disienten y ejercitan su libertad de expresión, la reiterada violación a preceptos de autonomía y democracia establecidos en la Ley de la Universidad, la imposición de ilegalidad mediante el abuso de poder, son algunas concepciones y parte de la praxis política que ha implementado el gobierno y sus administradores, no sólo en asuntos sobre la Universidad, sino en diversos asuntos de interés general para el país.

jueves, 24 de junio de 2010

Conciertos de verano en el Ateneo Puertorriqueño

El domingo, 27 de junio de 2010, a las 7pm se llevará a cabo el Primero Concierto de Verano del Cuarteto de Cuerdas del Ateneo Puertorriqueño. Actualmente, el Cuarteto se compone de los jóvenes Gabriel Vázquez, Lorena Valdés, Jan Carlos Faría y Gabriel Acevedo, todos egresados del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

El repertorio musical que presentarán durante el concierto incluye piezas de Cuarteto en Do menor Op.18 No.4 L.Van Beethoven, Allegro ma non tanto, Scherzo, Menuetto, Allegro, Cuarteto en Sol menor Op.10 Claude Debussy, Animé et tres decide, Assez vif et bien rythmé, Andantino, doucement expressif, Tres modéré.

Además, se ofrecerá un espacio para que los nuevos músicos puedan realizar sus presentaciones en el Primer Concierto de jóvenes compositores e intérpretes del Conservatorio de Música de Puerto Rico, el sábado, 26 de junio de 2010 , a las 8pm también en el Ateneo Puertorriqueño.

Ambos conciertos son libres de costo. Para información adicional, 787-721-3877. El Ateneo Puertorriqueño está localizado en el Viejo San Juan en la Ave. Ponce de Leon, parada 1 1/2.

viernes, 18 de junio de 2010

Graduación Simbólica por Amaris Torres Rivera -publicado en El Nuevo Día

El Nuevo Día -VOCES, p-78
17 de junio de 2010
Amaris Torres Rivera, estudiante de Derecho UPR

GRADUACIÓN SIMBÓLICA

El pasado domingo, 13 de junio de 2010, se llevó a cabo una actividad simbolizando los actos de graduación de la Universidad de Puerto Rico que típicamente se celebran el mes de junio, pero que en esta ocasión se vieron interrumpidos por el cierre institucional y la lucha estudiantil en contra de las repercusiones detrimentales a la educación pública superior a consecuencia del millonario déficit presupuestario.

La celebración, llevada a cabo frente al portón principal del Recinto Riopedrense, contaba con la participación de graduandos de todos los Recintos universitarios. Lo cierto es que esta ceremonia de graduación fue una muy particular y diferente a las ceremonias tradicionales, pues ésta constituía la primera graduación sistémica donde se les confería a los estudiantes el grado honorario de Ciudadano y Ciudadana Ejemplar.

Este acto simbólico histórico reconocía a los y las estudiantes como fieles defensores de la educación pública superior, educadores de justicia y promoventes de una transformación social hacia una democracia más participativa. El orador principal, Doctor distinguido Samuel Silva Gotay, expresó en su discurso "¿De qué se gradúan? De integridad. Bienvenidos a la tradición de la ciudadanía plena. El otro mundo que es posible conseguir aquí."

Cerca de 500 estudiantes celebraron, con enorme entusiasmo, haber alcanzado un grado más importante y de mayor trascendencia que cualquier otro: el de Ciudadano Ejemplar por su lucha incansable en defensa de la educación pública y la justicia social. Estudiantes graduandos de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico (UHS), de bachillerato, maestría, doctorado y jurisdoctor se sentían sumamente orgullosos de que, a pesar de ser candidatos a graduación, estaban firmes en su apoyo y participación en la lucha estudiantil universitaria por una educación pública accesible para todos.

El diploma representaba el fin y sentimiento colectivo como uno prioritario antes que convicciones e intereses personales.

Los cientos de graduandos que se dieron cita allí, le están diciendo a la comunidad universitaria y al país que más importante que su graduación y obtención de grado, es la defensa de la educación pública superior y su accesibilidad. Ese pensamiento generoso y consiente les permitió a esos graduandos entender que su logro, al culminar sus estudios, fue producto de esa institución pública, y aunque terminara su obtención de grado allí, sienten una profunda gratitud y deseos de reciprocar a través de una lucha, en la cual presentes y futuras generaciones puedan acceder la educación que ellos obtuvieron, una educación pública y de excelencia en la Universidad de Puerto Rico.

miércoles, 16 de junio de 2010

Ser graduanda(o) no es impedimento para luchar por la educación pública superior

"Los pueblos que no escuchan los reclamos de sus estudiantes corren el peligro de quedarse sin futuro” -Eduardo Galeano, en discurso dedicado a los estudiantes puertorriqueños.

´
El pasado domingo, 13 de junio de 2010, se llevó a cabo una actividad hermosa simbolizando los actos de graduación de la Universidad de Puerto Rico que típicamente se celebran en el mes de junio, pero que en esta ocasión se vieron interrumpidos por el cierre institucional y la lucha estudiantil en contra de las repercusiones adversas a la educación pública superior a consecuencia del millonario déficit presupuestario. La celebración, llevada a cabo en la Avenida Ponce de León frente al portón principal del Recinto de Río Piedras, contaba con la participación de graduandos de todos los Recintos universitarios de la Universidad de Puerto Rico. Lo cierto es que esta ceremonia de graduación fue una muy particular y diferente a las ceremonias tradicionales, pues ésta constituía la primera graduación sistémica de la UPR donde se les confería a los estudiantes el grado honorario de ciudadano y ciudadana ejemplar. Este acto simbólico histórico reconocía a los y las estudiantes como fieles defensores de la educación pública superior, educadores de justicia y promoventes de una transformación social hacia una democracia más participativa. El orador principal, Doctor distinguido Samuel Silva Gotay, expresó en su discurso "¿De qué se gradúan? De integridad. Bienvenidos a la tradición de la ciudadanía plena. El otro mundo que es posible conseguir aquí."

Cerca de 500 estudiantes celebraron, con enorme entusiasmo, haber alcanzado un grado más importante y de mayor trascendencia que cualquier otro: el de ciudadano ejemplar por su lucha incansable por el derecho a la educación y la justicia social. Estudiantes graduandos de la Escuela Superior de la Universidad de Puerto Rico (UHS), y de bachillerato, maestría, doctorado y jurisdoctor se sentían sumamente orgullosos de que, a pesar de ser candidatos a graduación, estaban firmes en su apoyo y participación en la lucha estudiantil universitaria en defensa de una educación pública accesible y de excelencia para presentes y futuras generaciones.

El diploma entregado a los estudiantes decía de la siguiente manera: “Has demostrado un compromiso indiscutible con tu país, en la defensa férrea de una educación universitaria pública de calidad, accesible para nuestro pueblo. Con tu esfuerzo y liderazgo, has dado cátedra de humanismo, valentía y perseverancia, otras cualidades honorables. Tu responsabilidad social y tu clamor de justicia, enaltecen tu espíritu. Tu disponibilidad para el trabajo en equipo y tu sentido de ética basado en el respeto a la dignidad humana te capacitan para enfrentar un mundo lleno de situaciones que necesitan solución y que clama por la solidaridad y la creatividad de los seres humanos. Eres digno ejemplo para las generaciones venideras. Por estas y otras razones, te conferimos el grado honorario de CIUDADANO(A) EJEMPLAR, en tus manos queda nuestro futuro. Dado hoy domingo, trece de junio de dos mil diez, frente a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras”.

El diploma, firmado por el Comité Claustral del Sistema UPR, la Síndica Claustral Carmen Elisa Cotto, el Síndico estudiantil Carlos Pagán, la Presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores (APPU) María Gisela Rosado, el Presidente de la Confederación Nacional de Profesores Universitarios (CONAPU) Luis Sánchez Longo, y todos los miembros del Comité Negociador Nacional, representa el fin y sentimiento colectivo como uno prioritario antes que convicciones e intereses personales. Los cientos de graduandos que se dieron cita allí le están diciendo a la comunidad universitaria y al país que más importante que su graduación y obtención de grado, es la defensa del derecho a la educación. Ese pensamiento generoso y consiente les permitió a esos graduandos entender que su logro al culminar sus estudios fue gracias a esa maravillosa institución pública, y que aunque llegara el momento de finalizar estudios allí, sienten una profunda gratitud que reciprocaron en una lucha para que generaciones presentes y futuras puedan acceder la educación que ellos obtuvieron, una educación pública y de excelencia en la Universidad de Puerto Rico.


*Fotos por Jesús Vázquez y Sujei Lugo

domingo, 13 de junio de 2010

Campamento Justicia- Huelga UPR 2010

Orgullosa de mis compañeros y compañeras de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Que se han mantenido por semanas llevando una lucha justa por la educación pública superior del país. Mi admiración y respeto para tod@s ellos. Que vivan los y las estudiantes y su lucha por una universidad pública accesible y de excelencia para presentes y futuras generaciones.

martes, 8 de junio de 2010

Al traste la accesibilidad

La huelga sistémica en la Universidad de Puerto Rico fundamentalmente fue propiciada por medidas de la administración universitaria para subsanar el déficit presupuestario de alrededor de 200 millones de dólares con el que iniciaría el próximo semestre o año fiscal. Ciertamente, se ha realizado un reclamo contundente de múltiples sectores de la sociedad civil para que se restaure la situación fiscal de la universidad sin tener que incurrir en medidas que afecten la educación ni la accesibilidad a la Institución pública.

Tras la aprobación de una política administrativa que ponía en moratoria las exenciones de matrícula y prohibía a estudiantes beneficiarse de más de una asistencia económica (exenciones de matrícula y/o beca), el reclamo estudiantil se mantuvo firme en exponer la gravedad que conllevaba la adopción de dicha política en la accesibilidad de estudiantes a la universidad, y a su vez, perjudicar a quienes poseen gran talento y dedican enorme esfuerzo y tiempo en agrupaciones musicales, deportes, investigación, etc.

No obstante, en los pasados días ha sucedido algo peor. La administración universitaria ha determinado, de nuevo bajo la justificación del déficit fiscal de la universidad, implementar a partir de agosto 2010, una cuota especial anual en la matrícula de $1,100 dólares. Esta cuota especial le aplica a todos y a todas las estudiantes del sistema de la Universidad de Puerto Rico sin excepción alguna. Esto resulta sumamente preocupante y atenta terriblemente contra el principio rector que trae consigo el verdadero sentido de la educación pública: la accesibilidad de la educación para todos y todas.

Parecería ser que con la imposición de una alza tan dramático en la matrícula, permanecer en huelga sería uno de los actos más certeros. Sin embargo, hay que repensar estrategias que logren los objetivos y mecanismos de presión que en su momento logró la huelga, pues la realidad es que tener la universidad cerrada se ha convertido en la estrategia de la administración. Evidencia de ello constituye la determinación inicial durante el proceso huelgario en mantener el recinto cerrado, bajo receso académico y administrativo, hasta el 31 de julio 2010. En los pasados días, la administración universitaria anunció su interés en mantener cerrada la universidad hasta enero 2011. No cabe la menor duda que dichas fechas para mantener la universidad cerrada demuestra el menor interés en terminar la huelga y negociar de buena fe.

Sobran razones para luchar, y ahora más que nunca con un alza de un 150% en la matrícula. Buscar métodos alternos de lucha es necesario. Por eso resulta importante apoyar e impulsar otros mecanismos de presión como cabildeo legislativo, firmas de peticiones, entre otras. En los pasados días, se presentó un proyecto de Ley para enmendar la Ley Universitaria afectando adversamente los pocos o únicos mecanismos democráticos que existen en la universidad, como la eliminación de Asambleas estudiantiles y la implantación de votos secretos sin ningún tipo de información y deliberación sobre los temas. Por otra parte, una legisladora sometió una resolución para que la administración universitaria envíe por correo a todos y todas las estudiantes una encuesta relacionada a la huelga en la universidad.

Además de constituir un gasto adicional para la universidad, que aparentemente se encuentra en una profunda crisis fiscal, de pronto aparece dinero, como por arte de magia, para enviar cartas por correo a 50,000 estudiantes universitarios, pagar miles de dólares en publicidad en campañas difamatorias contra la huelga y los estudiantes (por radio, televisión y periódicos de circulación general), incurrir en gastos legales de miles de dólares para llevar acciones contra estudiantes... y por su parte, el gobierno, avalando las determinaciones de la administración universitaria, gastando miles de dólares en mantener la universidad rodeada de policías y agentes de la fuerza de choque (violando derechos humanos) mientras el país se sumerge en un período nefasto de criminalidad, administrando/fiscalizando ineficientemente los fondos ARRA dirigidos a la universidad y manteniendo un discurso anti-democrático sobre cómo se ignoran/reprimen protestas y "minorías", además de llevar a cabo un análisis comparativo errado sobre los costos de universidades privadas y la universidad pública. Luego de transcurrido más de un mes del conflicto huelgario, y la muerte de una estudiante del Recinto de Mayaguez, el gobernador finalmente decide intervenir en la situación de la universidad imponiendo de manera unilateral un mediador (obispo episcopal), el cual terminó asumiendo una postura altamente parcializada y favorecedora de la administración universitaria y de las posturas del gobierno.

La importancia de hacer estas denuncias públicamente inciden en la decepción de miles de puertorriqueños hacia personas que se encuentran en posiciones de poder que ignoran totalmente derechos humanos y que, bajo la justificación de un estado de crisis, imponen medidas que atacan uno de los derechos de mayor trascendencia, vitalidad y justicia: la educación. El conflicto se resuelve tomando decisiones que restituyan los fondos que la Institución dejó de devengar por concepto de la Ley 7, que tiene el impacto de desviar el dinero que le corresponde a la universidad al Fondo general. Se les debe exigir a los legisladores y personas en posiciones de poder, quienes se deben a sus ciudadanos, la aprobación de medidas o leyes que aporten o restituyan el dinero que necesita la universidad. Sin duda, la ley 7 ha constituido una evidente violación a la autonomía universitaria, pues ha afectado terriblemente las finanzas de la Institución.

Es momento de exigir a quienes supuestamente nos representan, como establece la ficción de la democracia representativa, que escuchen los reclamos de miles de puertorriqueños y de personas, dentro y fuera de Puerto Rico, exigiendo que la educación debe ser defendida, protegida y garantizada aún en tiempos de "crisis" y que actúen, de una vez, en favor de la Universidad de Puerto Rico.

*Fotos de Andrés González y pr.indymedia.org