martes, 8 de junio de 2010

Al traste la accesibilidad

La huelga sistémica en la Universidad de Puerto Rico fundamentalmente fue propiciada por medidas de la administración universitaria para subsanar el déficit presupuestario de alrededor de 200 millones de dólares con el que iniciaría el próximo semestre o año fiscal. Ciertamente, se ha realizado un reclamo contundente de múltiples sectores de la sociedad civil para que se restaure la situación fiscal de la universidad sin tener que incurrir en medidas que afecten la educación ni la accesibilidad a la Institución pública.

Tras la aprobación de una política administrativa que ponía en moratoria las exenciones de matrícula y prohibía a estudiantes beneficiarse de más de una asistencia económica (exenciones de matrícula y/o beca), el reclamo estudiantil se mantuvo firme en exponer la gravedad que conllevaba la adopción de dicha política en la accesibilidad de estudiantes a la universidad, y a su vez, perjudicar a quienes poseen gran talento y dedican enorme esfuerzo y tiempo en agrupaciones musicales, deportes, investigación, etc.

No obstante, en los pasados días ha sucedido algo peor. La administración universitaria ha determinado, de nuevo bajo la justificación del déficit fiscal de la universidad, implementar a partir de agosto 2010, una cuota especial anual en la matrícula de $1,100 dólares. Esta cuota especial le aplica a todos y a todas las estudiantes del sistema de la Universidad de Puerto Rico sin excepción alguna. Esto resulta sumamente preocupante y atenta terriblemente contra el principio rector que trae consigo el verdadero sentido de la educación pública: la accesibilidad de la educación para todos y todas.

Parecería ser que con la imposición de una alza tan dramático en la matrícula, permanecer en huelga sería uno de los actos más certeros. Sin embargo, hay que repensar estrategias que logren los objetivos y mecanismos de presión que en su momento logró la huelga, pues la realidad es que tener la universidad cerrada se ha convertido en la estrategia de la administración. Evidencia de ello constituye la determinación inicial durante el proceso huelgario en mantener el recinto cerrado, bajo receso académico y administrativo, hasta el 31 de julio 2010. En los pasados días, la administración universitaria anunció su interés en mantener cerrada la universidad hasta enero 2011. No cabe la menor duda que dichas fechas para mantener la universidad cerrada demuestra el menor interés en terminar la huelga y negociar de buena fe.

Sobran razones para luchar, y ahora más que nunca con un alza de un 150% en la matrícula. Buscar métodos alternos de lucha es necesario. Por eso resulta importante apoyar e impulsar otros mecanismos de presión como cabildeo legislativo, firmas de peticiones, entre otras. En los pasados días, se presentó un proyecto de Ley para enmendar la Ley Universitaria afectando adversamente los pocos o únicos mecanismos democráticos que existen en la universidad, como la eliminación de Asambleas estudiantiles y la implantación de votos secretos sin ningún tipo de información y deliberación sobre los temas. Por otra parte, una legisladora sometió una resolución para que la administración universitaria envíe por correo a todos y todas las estudiantes una encuesta relacionada a la huelga en la universidad.

Además de constituir un gasto adicional para la universidad, que aparentemente se encuentra en una profunda crisis fiscal, de pronto aparece dinero, como por arte de magia, para enviar cartas por correo a 50,000 estudiantes universitarios, pagar miles de dólares en publicidad en campañas difamatorias contra la huelga y los estudiantes (por radio, televisión y periódicos de circulación general), incurrir en gastos legales de miles de dólares para llevar acciones contra estudiantes... y por su parte, el gobierno, avalando las determinaciones de la administración universitaria, gastando miles de dólares en mantener la universidad rodeada de policías y agentes de la fuerza de choque (violando derechos humanos) mientras el país se sumerge en un período nefasto de criminalidad, administrando/fiscalizando ineficientemente los fondos ARRA dirigidos a la universidad y manteniendo un discurso anti-democrático sobre cómo se ignoran/reprimen protestas y "minorías", además de llevar a cabo un análisis comparativo errado sobre los costos de universidades privadas y la universidad pública. Luego de transcurrido más de un mes del conflicto huelgario, y la muerte de una estudiante del Recinto de Mayaguez, el gobernador finalmente decide intervenir en la situación de la universidad imponiendo de manera unilateral un mediador (obispo episcopal), el cual terminó asumiendo una postura altamente parcializada y favorecedora de la administración universitaria y de las posturas del gobierno.

La importancia de hacer estas denuncias públicamente inciden en la decepción de miles de puertorriqueños hacia personas que se encuentran en posiciones de poder que ignoran totalmente derechos humanos y que, bajo la justificación de un estado de crisis, imponen medidas que atacan uno de los derechos de mayor trascendencia, vitalidad y justicia: la educación. El conflicto se resuelve tomando decisiones que restituyan los fondos que la Institución dejó de devengar por concepto de la Ley 7, que tiene el impacto de desviar el dinero que le corresponde a la universidad al Fondo general. Se les debe exigir a los legisladores y personas en posiciones de poder, quienes se deben a sus ciudadanos, la aprobación de medidas o leyes que aporten o restituyan el dinero que necesita la universidad. Sin duda, la ley 7 ha constituido una evidente violación a la autonomía universitaria, pues ha afectado terriblemente las finanzas de la Institución.

Es momento de exigir a quienes supuestamente nos representan, como establece la ficción de la democracia representativa, que escuchen los reclamos de miles de puertorriqueños y de personas, dentro y fuera de Puerto Rico, exigiendo que la educación debe ser defendida, protegida y garantizada aún en tiempos de "crisis" y que actúen, de una vez, en favor de la Universidad de Puerto Rico.

*Fotos de Andrés González y pr.indymedia.org

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