viernes, 25 de junio de 2010

Distorsionado el concepto de Participación Democrática

El lunes, 21 de junio de 2010, el gobernador de Puerto Rico aprobó un proyecto de ley -por descargue y sin vistas públicas- que aumenta el número de miembros de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico de 13 a 17 miembros. La Junta de Síndicos, principal cuerpo administrativo conforme a la toma de decisiones de la Institución de educación pública superior, está compuesta únicamente por un representante estudiantil y solamente dos profesores, los demás miembros son identificados como "ciudadanos profesionales" del país.

Durante la huelga en la Universidad de Puerto Rico, que recién culminó con la aprobación de los acuerdos entre la Junta de Síndicos y el Comité en representación del estudiantado universitario de los 11 Recintos universitarios mediante un proceso de mediación en el Foro Judicial, reflejó la necesidad y el reclamo de que la toma de decisiones sobre los asuntos medulares de la Universidad no debe quedar en manos de unos pocos, sino de la colectividad que compone la comunidad universitaria. Los articulados reclamos estudiantiles fueron y siguen siendo evidencia latente de lo urgente que se ha convertido repensar/reestructurar/reorganizar esquemas institucionales de democracia dentro de la Universidad por unos de democracia participativa.

Es de vital constancia, que cuando la colectividad ciudadana, en este caso la comunidad universitaria, forma parte activa en la toma de decisiones sobre asuntos que le afectan directamente, las determinaciones son palpablemente menos injustas. Ciertamente, los universitarios - los miembros de la comunidad universitaria- tienen derecho a ser partícipes en la toma de decisiones sobre asuntos que les afecten directamente, pues es garantía constitucional el derecho a ser oído como parte de la máxima del debido proceso de ley, ya que se pudiera violentar el derecho a la vida, libertad o propiedad de los individuos -o del colectivo- al ser excluidos del proceso decisional. Desde el aspecto institucional y teórico sobre la democracia, Amartya Sen, nos instruye en su más reciente publicación The Idea of Justice, "Public reasoning and deliberation can lead to a better understanding of the role, reach and significance of particular functionings and their combinations. The crucial role of public reasoning in the practice of democracy makes the entire subject of democracy relate closely with the topic of justice. If the demands of justice can be assessed only with the help of public reasoning, then there is an intimate connection between justice and democracy. What is more important is to note the general recognition that the central issues in a broader understanding of democracy are political participation, dialogue and public reasoning."

El vínculo entre democracia y la obtención y consecución de la justicia se traduce a mayor participación en los procesos decisionales de las diversas instituciones sociales.

No obstante, la exposición de motivos de la recién aprobada enmienda a la Ley de la Universidad para aumentar el número de miembros de la Junta de Síndicos de 13 a 17, se apodera del discurso de democracia participativa y lo distorsiona de la siguiente manera: "A los fines de dotar a la Universidad de Puerto Rico de una Junta de Síndicos con el mayor grado de participación ciudadana posible, se recomienda ampliar la composición de la misma. (...) se incluye representación de los ex alumnos de la Universidad de Puerto Rico (y) se dispone que todos los miembros de la Junta que sean nombrados por el Gobernador servirán por 6 años."

Pareciera válido, de primera mano, el planteamiento de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la Universidad. No obstante, quienes pertenecemos a la comunidad universitaria sabemos que al autor de dicha medida no le asiste la razón por varias razones. A través de dicha enmienda, se incorporan a la Junta de Síndicos miembros que son ex alumnos de la Institución. Aunque, los egresados de la Universidad son producto de la educación y del proceso humanístico/liberador que pretende llevar a cabo la Institución, ciertamente quienes tienen aún mayor legitimidad para pertenecer al proceso decisional son los propios miembros activos de la comunidad universitaria, pues son ellos quienes viven, laboran y forman parte día tras día de este proyecto universitario. Con esto, no deslegitimo la presencia de ex alumnos como parte del proceso decisional, sin embargo, al tener la oportunidad de añadir a la Junta de Síndicos miembros adicionales, sin duda, se debería considerar seriamente incluir miembros vitales de la comunidad universitaria, tales como estudiantes, profesores o empleados, ya que son la razón de ser de la Institución. Añadir exclusivamente ex alumnos, quienes se han desligado en gran medida de la Universidad y de su propósito social (Vea artículo de una nueva miembro de la Junta de Síndicos, ex alumna, sobre su análisis sobre la educación y su concepción de la Universidad , aquí), evidentemente constituye una grave afrenta a la verdadera participación democrática de la comunidad universitaria en los asuntos decisionales.

Por otra parte, la intervención indebida del gobernador de Puerto Rico al nombrar los nuevos miembros de la Junta de Síndicos infringe perjudicialmente la autonomía universitaria, que según lo establecido como propósito de la Ley de la Universidad de Puerto Rico es el "reafirmar y robustecer la autonomía universitaria y facilitar su continuo crecimiento." Además, dicha ley, en artículo 3, establece que al revisarse la Ley universitaria se deberán proveer "los mecanismos que garanticen la participación plena de todos los sectores universitarios. La autonomía universitaria de las unidades y el respeto a la libertad académica deben ser esenciales en cualquier propuesta de revisión." El aumento de miembros en la Junta de Síndicos es una determinación que conlleva un alto grado de vinculación con toda la comunidad universitaria, pues las decisiones que tome dicho cuerpo afectan directamente a los universitarios y a la Institución pública de educación superior. Sin embargo, esta medida fue aprobada de manera rápida, sin haber estado en agenda, y sin vistas públicas. Sin duda, no solo se violentaron los preceptos legales, antes citados, expuestos en la Ley universitaria, sino que se empleó un mecanismo totalmente anti-democrático y excluyente al no otorgarse participación alguna a la comunidad universitaria para expresarse sobre los efectos que dicha medida pudiera tener. Aquí, el derecho a ser oído, como parte de la máxima constitucional a un debido proceso de ley fue arbitrariamente infringido.

Esta medida y, a su vez, la manera en que el gobierno ha administrado los asuntos relacionados a la Universidad, constituyen, claramente, omisiones a las nociones de justicia y democracia que deberían permear institucionalmente en nuestro país. El desmantelamiento del proyecto universitario, la toma de decisiones sobre la Universidad en manos de unos pocos, la afrenta a procesos deliberativos y participativos, la exclusión total y arbitraria de quienes disienten y ejercitan su libertad de expresión, la reiterada violación a preceptos de autonomía y democracia establecidos en la Ley de la Universidad, la imposición de ilegalidad mediante el abuso de poder, son algunas concepciones y parte de la praxis política que ha implementado el gobierno y sus administradores, no sólo en asuntos sobre la Universidad, sino en diversos asuntos de interés general para el país.

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