lunes, 28 de junio de 2010

Un cierre patronal en la Universidad

Un cierre patronal en la Universidad
Editorial de El Nuevo Día
28 de junio de 2010

La estrategia de tranque y confrontación derrotada en derecho en todos los foros adjudicativos, incluyendo la reunión en que la Junta de Síndicos aprobó los acuerdos para el fin de la huelga, es revivida en los hechos por la Administración, para mantener por más tiempo cerrada la Universidad de Puerto Rico mediante un paro patronal.

Era predecible que la manipulación con la Junta de Síndicos por parte del Ejecutivo y la Legislatura produciría la reactivación de la crisis en nuestro principal centro docente, la que parecía haberse resuelto satisfactoriamente con la mediación impuesta por el tribunal y magistralmente conducida por el ex juez Pedro López Oliver.

La retractación gubernamental de los acuerdos entre la Junta de Síndicos y los estudiantes en huelga por casi 60 días, representa un pésimo augurio para el futuro de la Universidad, amén de que pone en tela de juicio la validez de la palabra empeñada por la Administración.

Tiene razón el presidente de la Universidad, José Ramón de la Torre, cuando dice que “estamos en estado de crisis todavía”. Pero, se equivoca al atribuir la crisis a los estudiantes, puesto que quienes reniegan de los acuerdos son él y la Junta de Síndicos que, ya en su versión agrandada como oferta de “fast food”, ratificó la ingobernabilidad este sábado y la catapultó como su único método de administración.

Es tan así que, al dejar la reapertura de los recintos al azar, la Junta parece hacer suyas las ridículas razones expuestas por De la Torre como excusa para revocar el itinerario inicial de reapertura de los recintos que había sido anunciado a principios de la semana pasada y que habría permitido reiniciar hoy el accidentado segundo semestre académico. Decir que hay que cortar la grama, o reparar un acondicionador, o pintar aquí o allá, es faltarle al respeto a la inteligencia del País, que vivió angustiado el proceso huelgario y que se sintió aliviado por los acuerdos para su terminación. La presidenta de la Junta de Síndicos, Ygrí Rivera, votó en contra de los acuerdos, es cierto, pero se quedó prácticamente sola en la ocasión, ya que la mayoría de los síndicos, incluidos algunos identificados con el partido de Gobierno, decidieron avalarlos. Sin embargo, desde el primer momento Rivera denotó una actitud de desafío al pacto, lo que presagiaba la orquestación de un sabotaje a los términos del mismo. La subsiguiente aprobación legislativa “fast track” del aumento a 17 de los miembros del organismo, seguida por la firma a la carrera de Fortuño a la medida y el nombramiento y confirmación en menos de 24 horas de los integrantes nuevos, no dejó lugar a dudas de que el Gobierno no cejará en su empeño de controlar con puro mollero político la Universidad.

El jaque mate lo concretó la administración de la Universidad al negarse a la desestimación del pleito judicial contra el Consejo General de Estudiantes, lo que equivale a desacatar la orden del juez superior José Negrón Fernández, que obligó a la mediación. Reclama ahora la Administración universitaria que el “voto de huelga preventivo” aprobado por los estudiantes al acordar el fin del conflicto representa una amenaza a la paz institucional. Pero, ¿acaso no es amenazante la insistencia de la Junta en imponer en enero de 2011 la cuota especial por estudiante que planeaban para agosto y que se había acordado no ejecutar?

Hemos insistido en que se impone una solución universitaria a los problemas de la UPR. El que sea del Estado no significa que la Universidad deba estar sujeta a los vaivenes del partidismo ni a los caprichos de funcionarios -electos y designados- que quieren hacer de la institución un botín de guerra o parte del “suculento banquete” de poder que, con toda prepotencia, era anunciado consistentemente el cuatrienio pasado desde un notorio y desacreditado escaño de la mayoría senatorial.

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