sábado, 25 de septiembre de 2010

Se oponen a la participación de comunidades en procesos de expropiación del Estado

P del S 1575
Por: Pedro Santiago, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Sección de Puerto Rico

En todos los países hemos visto las aberraciones que ocurren cuando gobernamos para el capital y nos olvidamos de incluir la opinión de la gente para quienes se supone estamos gobernando.

Enfocarnos en el desarrollo económico como principal objetivo nos hace obtusos y nos enajena del verdadero propósito de la economía; administrar los recursos de la forma más justa, equitativa y sustentable posible.

Como respuesta, la teoría de la Administración Pública recientemente insertó en su vocabulario cotidiano la expresión “participación ciudadana” (elemento indispensable para una verdadera democracia participativa), revolucionando todo el quehacer económico, social y político.

Puedo enumerar un sinfín de razones por las cuales la participación ciudadana es una buena idea en términos administrativos o como instrumento de gobernanza. No obstante, a mi juicio la más importante es que nos permite saber lo que la gente realmente necesita o quiere.

Como estudiante doctoral en desarrollo económico comunitario lo primero que aprendí es a ser humilde ante el conocimiento de las personas sobre sus propias expectativas y sueños. Y aunque reconozco que en cuestiones sociales no hay verdades absolutas, se me hace difícil pensar en algún planteamiento que niegue esta aseveración.

Sin embargo, recientemente fue publicado un reportaje sobre la aprobación del Proyecto del Senado 1575 en donde explícitamente se les quita a las comunidades el derecho a ser consultados sobre asuntos medulares de su vida en comunidad como puede serlo una expropiación.

Además, la forma expedita de su aprobación, sin debate y sin vistas públicas, nos demuestra lo poco valiosa que consideran nuestros políticos la opinión de los constituyentes. Los argumentos hacen referencia a que las comunidades obstaculizan proyectos, que no permiten el desarrollo y que se oponen por oponerse. Sin embargo, y aunque era de esperar, no se preguntan sobre las razones de estas objeciones. Yo en cambio, como ciudadano si me lo pregunto. Pregunto además, ¿quiénes son los principales beneficiados de estos proyectos que se detienen? ¿Están incluidos los residentes actuales en los planes de revitalización? ¿Qué significa para estos políticos interés público?

Para el Estado y para cualquier gobierno, el que las comunidades opinen no debería verse como un obstáculo, sino como un instrumento valioso de trabajo.

Un país solo es ingobernable si lo llevamos a un lugar donde no quiere ir.

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