sábado, 30 de octubre de 2010

CONFERENCIA: Ley de Arizona: ¿Legalización del Discrimen?

El Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho UPR y el Pro Bono SOI (Sevicios de Orientación al Inmigrante) invitan a la Conferencia: Ley de Arizona, ¿Legalización del discrimen?, este próximo martes, 2 de noviembre a las 7pm en el salón L-1 de la Escuela de Derecho UPR.

lunes, 25 de octubre de 2010

Apuntes críticos sobre el derecho a la Libertad de Expresión

Dedicar especial atención, durante esta semana*, a un derecho constitucional tan fundamental como la libertad de expresión resulta, en estos momentos históricos en Puerto Rico, sumamente necesario. La ciudadanía puertorriqueña está viviendo unos momentos muy difíciles donde la restricción y limitación en procesos de participación ciudadana y las violaciones a derechos constitucionales han cuestionado seriamente la existencia de un Estado de Derecho democrático como expresa el preámbulo de nuestra Constitución.

Tan es así, que ejercicios de libertad de expresión como las protestas, piquetes, uso de carteles emblemáticos, murales, entre otros, han sido criminalizados y suprimidos mediante la violencia directa e indirecta del Estado. Ejemplos de ello han sido el despliegue de la fuerza de choque alrededor del campus universitario durante la huelga estudiantil, la protesta ciudadana en los predios del Capitolio reclamando la apertura del hemiciclo del Senado (la cual fue respondida mediante el uso de gases lacrimógenos, macanazos y tiros), la aprobación del Proyecto de Ley tipificando como delito la obstrucción a construcciones, la imposición de multas por pintar un mural contra la violencia machista.

No solo podemos hacer constar la restricción a la libertad de expresión en lo cotidiano, sino que en los propios foros gubernamentales se puede evidenciar dicha violación cuando se le apagan los micrófonos a miembros del partido de minoría durante sesiones legislativas. Adicional a esto, vemos cómo las voces ciudadanas son acalladas y silenciadas en procesos de participación ciudadana al aprobarse leyes por descargue, sin la celebración de vistas públicas, y mediante declaraciones de Estados de Emergencia, tanto fiscal como energética, las cuales tienen el impacto adverso de permitir la aprobación de proyectos de manera expedita, eliminando o limitando significativamente la participación y suspendiendo derechos constitucionales durante el transcurro de la “denominada” emergencia.

Resulta sumamente preocupante el momento político y social que vivimos pues el Estado, de manera recurrente, impide que las y los ciudadanos se expresen efectivamente. Es tan vital e importante garantizar el derecho a la libertad de expresión porque, a través de él, los ciudadanos pueden ejecutar plenamente el verdadero ejercicio de la democracia. Tan es así, que Roberto Gargarella, un reconocido constitucionalista latinoamericano, considera el derecho a la expresión y protesta como el primer derecho.

Por lo tanto, es vital atemperar el primer derecho a nuestro acontecer social y político.

Concebir, desde el Derecho, la libertad de expresión como un derecho únicamente individual pudiera producir un análisis miope y ajeno a entornos socio-culturales. Podemos evidenciar como en Puerto Rico y muchos otros países, existen colectivos sociales o grupos de actores sociales que ejercen su derecho a libertad de expresión mediante sus múltiples dimensiones y mecanismos para disentir, denunciar, participar, protestar, o meramente ser reconocidos. Acá estamos viendo cómo sectores comunitarios, ambientalistas, mujeres, trabajadores, comunidad gay, entre otros, ejercen su derecho a expresión, mediante reclamos y protestas, de manera colectiva.

Por consiguiente, resulta fundamental concebir el derecho a la libertad de expresión como un derecho colectivo sin descartar su garantía individual. Es decir, el análisis que se hace desde el Derecho a la libertad de expresión, sin duda debe incluir un enfoque colectivo, una noción comunitarista, que permita la expresión inclusiva de múltiples actores sociales ejerciendo dicho derecho colectivamente. Distinguir y conciliar ambas nociones no solo enriquece nuestro ordenamiento jurídico sino el análisis jurisprudencial y, ciertamente, político.

"se reconoce que existen costos y que la protesta no es un derecho más. El derecho a criticar a las autoridades es reconocido como un “súperderecho”, lo que yo llamo el primer derecho. Si se apaga la crítica al poder, la propia democracia resulta socavada, pierde sentido.” –Roberto Gargarella

* Durante la Semana de la Libertad de Expresión, 18-22 octubre, el Pro Bono de Derechos Sociales y Colectivos de la Escuela de Derecho UPR llevó a cabo varias actividades. Entre éstas se encontraba el Foro, De lo individual a lo colectivo: Libertad de expresión para tod@s, una serie de talleres sobre libertad de expresión a estudiantes de la escuela pública superior Vilá Mayo en Río Piedras, y la elaboración de un opúsculo sobre aspectos básicos del derecho a la libertad de expresión para fomentar la educación ciudadana. Para ver fotogalería de las actividades de esta semana presione aquí.

jueves, 21 de octubre de 2010

Opúsculo- Aspectos Básicos de la Libertad de Expresión


En plena celebración de La Semana de la Libertad de Expresión (18-24 de octubre), el Pro Bono de Derechos Sociales y Colectivos ha producido un opúsculo informativo/educativo sobre los aspectos y principios básicos del derecho constitucional a la libertad de expresión. Dicho opúsculo contiene además aspectos importantes resueltos jurisprudencialmente. Para ver el opúsuculo presione aquí.
Un especial agradecimiento a la compañera Gabriela Camacho, el compañero Christian Guillén y la Profesora Érika Fontánez.

domingo, 17 de octubre de 2010

Celebrando la Semana de la Libertad de Expresión

Esta semana del 18 al 22 de octubre celebramos la Semana de la Libertad de Expresión. El programa Pro Bono de la Escuela de Derecho de la UPR y el Pro Bono Derechos Sociales y Colectivos llevará a cabo varias actividades durante la semana. Entre ellas, se ofrecerán talleres sobre el derecho a la libertad de expresión en la escuela superior Vilá Mayo en Río Piedras y se llevará a cabo el Foro De lo individual a lo colectivo: Libertad de expresión para tod@s, el martes 19 de octubre a las 7pm en el salón L-1. En este foro se discutiran los supuestos y postulados del derecho a la libertad de expresión y el caso, aún pendiente en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde se criminaliza a un grupo de mujeres (Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico) por haber pintando un mural contra la violencia machista, Movimiento Amplio de Mujeres v. Municipio de San Juan. Invitad@s panelistas a este Foro, Lcda. Jossie Pantojas y Lcdo. Harry Anduze.

lunes, 11 de octubre de 2010

Programa Pro Bono invita: Jueves de Cine @ Sala-teatro Beckett


Invitación:
"A 50 años de la publicación de ‘To Kill a Mockingbird’
el Programa ProBono UPR

te invita a ver este clásico del cine en que se presentan los temas de la justicia, el rol y la ética del abogado y la abogada y los problemas de raza, desigualdad y prejuicios en el sistema de justicia.

-Presentación de la película To Kill a Mockingbird y conversatorio:

-jueves 14 de octubre.2010 4:30pm

-Sala-Teatro Beckett PACA, Río Piedras, Ponce de León 1008, 2do piso.

Donativo $3."

sábado, 2 de octubre de 2010

Estados de Emergencia y la Crisis Energética

Tod@s invitad@s al conversatorio relacionado al uso de Estados de Emergencia con particular énfasis en la recién aprobada Orden Ejecutiva del gobernador Luis Fortuño declarando a Puerto Rico en Estado de Emergencia Energético el miércoles, 6 de octubre de 2010, de 4-6pm en el Salón L-1 (Aula Magna) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Similar a los efectos de la Ley 7 en el País, declarando a Puerto Rico en Estado de Emergencia Fiscal, la recién aprobada Orden Ejecutiva tiene el efecto de aprobar proyectos relacionados a la energía de manera expedita. Resulta peligroso, en muchísimas ocasiones, declarar crisis o estados de emergencia pues tiene un efecto adverso en los derechos/garantías constitucionales y en premisas fundamentales de la democracia, como el derecho a participar y el derecho a protestar.

Repercusiones como el despido masivo de empleados públicos, la congelación de convenios colectivos y el desmantelamiento de múltiples agencias administrativas/procuradurías/oficinas (entre otros tantos efectos) a raíz de la Ley 7, nos debe hacer conscientes de lo arbitrario y unilateral que pudieran convertirse la toma de decisiones relacionados al ambiente y la energía declarándose nuevamente un Estado de Emergencia.

El Profesor William Vázquez Irizarry, en su artículo Excepción y Necesidad: La Posibilidad de una Teoría General de la Emergencia (SELA Junio 2010), reflexiona sobre los efectos que tienen los Estados de Emergencia en el ordenamiento jurídico, en la comunidad política y en su propio funcionamiento. Reconociendo los límites y restricciones a las garantías constitucionales de los ciudadanos en Estados de Emergencia, el Profesor Vázquez señala "el peligro de que se manipule la situación para obtener ventajas de las facultades que se reconocen bajo un estado de emergencia. De ahí que por ser potencialmente política la decisión, es necesario que se pueda exigir cuentas sobre la misma." Indica, a su vez, que "La idea del desastre como manifestación de una situación previa es de singular importancia pues se vincula también con la asignación de responsabilidades al momento de estructurar las medidas de emergencia. Se pueden identificar, así, ¨las causas de fondo que explican la catástrofe y, en particular, unas condiciones de acceso a los recursos que resultan extremadamente desiguales para los diferentes grupos sociales¨. Esta realidad puede ser importante para determinar quién debe soportar la mayor carga de las medidas de emergencia."
Realizando un análisis entre el derecho público y derecho privado, el Profesor argumenta sobre la defensa del Estado de Necesidad en aplicación al derecho público y concluye de la siguiente manera, con especial referencia al caso de las emergencias económicas. "(...) considero de particular importancia el requisito que está presente en prácticamente todas las vertientes del estado de necesidad: que quien invoque el mismo como defensa, no lo haya provocado."

En el caso de Puerto Rico habría que evaluar y cuestionar seriamente la implantación reiterada de Estado de Emergencia, en su vertiente económica y energética, cuando “(...) el estado reclamó una situación de emergencia para tomar medidas especiales, aún cuando el origen de las circunstancias apremiantes le era atribuible." Aplicando dicho análisis al contexto ambiental y energético, nos preguntamos, ¿Es necesario declarar/imponer un Estado de Emergencia Energético para posibilitar y viabilizar mecanismos alternos de energía? ¿Es necesario alterar el estado de derecho en uno de "crisis" para realizar proyectos que mejoren o intenten mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños? o ¿Tan difícil resulta la tarea de ejecutar un Plan Energético para Puerto Rico que afecte mínimamente la población y el ambiente, garantizando, a su vez, la participación efectiva de actores o grupos sociales afectados?