viernes, 28 de enero de 2011

"Si la policía no va a respetar, entonces no pueden esperar que nadie los respete a ellos"

Así reaccionaba Rosemarie González, una monja del Colegio San Agustín en Puerta de Tierra en el Viejo San Juan, indignada por la persecusión violenta de la Policía a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, quienes se encontraban frente al Capitolio realizando actos de desobediencia civil. La lucha de los y las estudiantes en contra de la cuota de $800 dólares impuesta por la Adminsitración Universitaria y validada por el gobierno de Puerto Rico, entre otras políticas impuestas, ha reafirmado las repercusiones nefastas en la educación pública superior del País. No es para menos, que las y los ciudadanos se expresen indignados por el manejo del gobierno a ejercicios de libertad de expresión como parte constitutiva de una verdadera democracia: total y despropicional abuso y represión policiaca.

Vale en este momento, puntualizar varias premisas planteadas por Roberto Gargalella, constitucionalista latinoamericano, en su libro Derecho a resistir Derecho.

¿Cómo se justifica la resistencia?

“cuando los gobernantes usa(n) sus poderes en contra de los intereses del pueblo al que debía servir” (Suárez, 1944)

“traición a la voluntad popular”, “larga cadena de abusos”, “situaciones en las cuales el gobierno prometía una cosa y hacía la contraria” (Locke,1988)

“aquellos que se encuentran privados de ciertos bienes humanos básicos” (Gargarella)

“por razones vinculadas con las injusticias sociales y económicas cometidas por los gobernantes contra el pueblo” (Linder, 1966)

“en todas aquellas situaciones en que los gobernantes se con(viertan) en opresores de su propio pueblo” (Goodman)

“cuando las normas del orden legal inflig(en) ofensas severas sobre la población (condición sustantiva), ni (son) el resultado de un proceso en el que dicha comunidad estuviera involucrada de modo significativo (condición procedimental)” (Gargarella)

“los grupos que han sufrido aquella grave marginación no tiene un deber general de obedecer el derecho, dado que el orden legal no les ha asegurado la protección que necesitaban contra los daños más severos que sufr(en)” (Gargarella)
Reflexionemos a ver si estas justificaciones coinciden con nuestra realidad social y política en Puerto Rico.

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