martes, 12 de abril de 2011

Caño Martín Peña: un proyecto de país

*Foto del recorrido por las comunidades aledañas al Caño Martín Peña con el grupo Pro Bono de la Escuela de Derecho UPR y Excursiones Eco el sábado, 2 de abril de 2011.


Caño Martín Peña: un proyecto de país

LUIS ALBERTO FERRÉ RANGEL


El jueves pasado, un grupo de ciudadanos habitantes del Caño Martín Peña fueron premiados por la Agencia Federal de Protección Ambiental con uno de los tres premios de justicia ambiental que otorga esa dependencia. Es la primera vez que ese premio se otorga en Puerto Rico. El Proyecto del Caño Martín Peña (compuesto por la corporación pública Enlace, las comunidades del G8 y el Fideicomiso de la Tierra) es, en realidad, un proyecto de país, de ese país que anhelamos. Y es significativo que esta obra social, una de las de mayor envergadura en nuestra historia reciente, haya sido implantada precisamente en una de las zonas de mayor precariedad, que contrasta con su opulento entorno metropolitano.


Fue en el corazón de este sector -que nos muestra el rostro mismo, vivo, crudo y lastimado del subdesarrollo nuestro- donde se ha cuajado una iniciativa de apoderamiento y participación ciudadana que ha captado la atención de muchas y renombradas entidades y figuras del exterior, como la del mismo presidente estadounidense Barack Obama, que incluyó el dragado del caño en su propuesta de presupuesto para el 2012.


Resulta irónico, doloroso, pero sobre todo intolerable, que este preciado esfuerzo sea objeto del sabotaje de quienes están llamados a protegerlo, a fortalecerlo y, más aún, a adoptarlo como un modelo que replicar en el país entero. En lugar de defenderlo, la Legislatura y la Administración actual promulgaron una ley que devolvió la titularidad de los terrenos a los gobiernos central y municipal y que, por tanto, amenaza la integridad de la comunidad. El Fideicomiso de la Tierra reclamó la inconstitucionalidad del estatuto ante el tribunal federal, pero el Circuito de Apelaciones de Boston desestimó la demanda.


Y es que el proyecto de rehabilitación y desarrollo del Caño Martín Peña no es sólo un proyecto de infraestructura necesario para el impulso económico de la zona metropolitana. Este proyecto es mucho más. Es un proyecto de desarrollo integral inmenso, con el poder de transformar, sobre todo, el ecosistema social que se extiende más allá de los ya casi indefinidos márgenes del cuerpo de agua.


El gran valor de este proyecto es su capital humano: un contingente de hombres y mujeres decididos a proteger su derecho a participar de las decisiones sobre la tierra, sobre su futuro y a mostrarnos una lección de ciudadanía pocas veces vista en esta Isla.


El mundo cambió y exige solidaridad. Mediante ese esfuerzo que desembocó en ley, fue creado el Proyecto Enlace, una entidad pública liderada por funcionarios expertos, comprometidos y sensibles, en cuya junta de directores los ciudadanos tienen plena participación.


Este modelo representa la aspiración ciudadana de participar en la planificación y búsqueda de solución real a sus necesidades más apremiantes. Provee para la toma de decisiones que produzcan resultados reales y transformadores de sus condiciones.


Representa, además, un plan sostenible para una comunidad habitable. Ofrece vivienda asequible y segura a sus habitantes y propicia la convivencia vecinal. Brinda espacios de esparcimiento y de desarrollo económico de autogestión, solidarios y que vinculan a sus participantes de forma armoniosa con el medio ambiente.


Pero este es también, y más importante aún, un asunto de derechos humanos, de dignidad, de respeto a las más de 27,000 vidas que habitan allí. Y, al final, es también un asunto de todos porque, mientras haya alguien en esta isla que tenga que vivir en medio de la miseria, en condiciones infrahumanas, faltamos a nuestra dignidad y al respeto por nosotros mismos.


Que quien todavía esté indiferente ante esta realidad sepa que ignorarla nos mantendrá viviendo asediados por la intranquilidad y por la violencia que provoca esa desigualdad. Juntos, desde esa participación, podemos levantar la voz para exigir que, de una vez por todas, aquéllos que están obligados a servir se sienten a escuchar y a facilitar lo que esta comunidad, como modelo de tantas en la Isla, está decidida a culminar: un proyecto de país en escala vecinal que marca la ruta hacia donde deberíamos dirigirnos todos, con unidad y firmeza de voluntades y propósito. Porque, después de todo, el futuro del Caño es también el futuro de todo Puerto Rico.

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