sábado, 20 de abril de 2013

Pro Bono: Democratizando el Derecho a través de Talleres

Durante la semana del 8 al 12 de abril de 2013, estudiantes de Derecho del Pro Bono Democracia y Participación Ciudadana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico ofrecieron Talleres sobre La Constitución y la Libertad de Expresión a estudiantes de la Escuela Superior Trina Padilla de Sanz.

Comprometidas en el desarrollo de ciudadanos y ciudadanas con mayor conciencia de sus derechos constitucionales, integrantes del Pro Bono Democracia y Participación Ciudadana les ofrecieron información sobre lo que es la Constitución, la Carta de Derechos, y el derecho a la Libertad de Expresión. Se les proveyeron a los estudiantes varias Constituciones para que, luego de culminado el Taller, continuen relacionándose con el texto que garantiza nuestros derechos democráticos.

Uno de los propósitos principales del Taller es apoderar a estos jóvenes con el fin de fomentar el desarrollo de sus capacidades como ciudadanos y ciudadanas en un Estado de Derecho Democrático. Además, se promueve la concienciación sobre diversos problemas sociales y la importancia de participar en las decisiones/discusiones públicas que les afecta a nivel individual y colectivo. Sin duda, se van creando seres con un potencial enorme para exigir derechos, cuestionar y problematizar el Estado de Derecho vigente, y lograr sociedades más justas, con mayor equidad y respeto por la dignidad humana.

El Pro Bono y el Acceso a la Justicia

El Pro Bono Democracia y Participación Ciudadana es una de las diversas secciones del Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En el Programa Pro Bono, los y las estudiantes de Derecho ofrecen un servicio gratuito y voluntario en temas relacionados al Derecho a diversos colectivos sociales de mayor vulnerabilidad y desventaja social.  El Programa es uno fundamental en el desarrollo jurídico del estudiante de Derecho al crear mayor sensibilidad e interés en  utilizar la herramiento del Derecho para atender problemas de inequidad e injusticia social.

El trabajo de capacitación y apoderamiento que realiza el Pro Bono aporta valiosamente a la democratización del Derecho y al acceso a la Justicia.  A través de la educación sobre derechos constitucionales se intenta cerrar la enorme brecha que impide o dificulta que los más vulnerables no puedan hacer uso equitativo de mecanismos establecidos para la prevención de violaciones de derechos. Como explica el Profesor Efrén Rivera Ramos, el acceso a la justicia involucra la realización  material del principio de la igualdad.

Reconociendo que la desigualdad social aumenta los niveles de pobreza, la falta de acceso a educación, salud, vivienda y a otros servicios básicos,  el Pro Bono ha optado por promover el principio de igualdad a través del apoderamiento de derechos constitucionales, no sólo para que se puedan exigir y vindicar a través de Foros Judiciales o Administrativos, sino que en el día a día los ciudadanos y ciudadanas tengan el conocimiento y la capacidad de ejercerlos efectivamente.



 

martes, 16 de abril de 2013

Otra vez el acceso a la justicia (Columna de Efrén Rivera Ramos)

Sin acceso eficaz a los tribunales los derechos tienden a quedarse en aspiraciones frustradas o en promesas que no se cumplen. Es un tema sobre el que nunca debemos dejar de hablar, por más repetitivo que parezca. Mientras haya desigualdades, discrímenes y violaciones de derechos, habrá necesidad de plantearse el problema del acceso a la justicia, como ha venido a denominársele.

El acceso a la justicia se refiere al conjunto de condiciones que facilitan o dificultan el que determinados grupos o personas puedan hacer uso equitativo de los mecanismos y procesos establecidos para la prevención de la violación de sus derechos, para la solución de controversias y para la obtención de remedios legales. Involucra, en el fondo, la realización material del principio de la igualdad.

No es de extrañar, pues, que el Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas proclame: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

La cuestión tiene muchas dimensiones. La primera, la falta de recursos. Ordinariamente son los pobres los que más dificultades enfrentan para que los tribunales atiendan sus asuntos. Las carencias materiales de los sistemas de justicia también inciden. Recuerdo la contestación de un juez haitiano cuando le pregunté qué podíamos hacer para facilitar el trabajo de los tribunales en su país: “Primero que nada, envíennos copias suficientes del Código Civil de Haití, pues muchos de nosotros tenemos que aplicar la ley de memoria”.

La forma en que está organizado el mercado de servicios legales es otro factor. El litigio cuesta. Y quienes menos recursos ostentan, menos posibilidades tienen de obtener representación legal adecuada. Por ello es tan importante apoyar a organizaciones como la Sociedad de Asistencia Legal, la Corporación de Servicios Legales y las clínicas de las escuelas de Derecho, que se ocupan, sin dar abasto, de proveer esa representación. Sin embargo, hasta que la profesión jurídica en su totalidad no se decida a asumir plena responsabilidad por esta deficiencia, la situación no se subsanará sustancialmente.

Hay obstáculos estructurales, que tienen que ver con la forma en que se organiza el sistema de justicia, la eficiencia administrativa, la naturaleza y complicación de los procedimientos y la falta de información en torno a los derechos, las obligaciones, los remedios y los recursos disponibles para la ciudadanía.

Las normas jurídicas vigentes y las interpretaciones que sobre ellas hacen los tribunales también inciden. En estos días hemos visto ejemplos notables. La oposición a que se provean remedios legales contra el discrimen por orientación sexual y las decisiones del Tribunal Supremo cerrando el paso a las comunidades que luchan por proteger el ambiente, plantean serios problemas relacionados con el acceso de esos colectivos a los tribunales para vindicar sus derechos.

Finalmente, hay que tomar en cuenta el desconocimiento o insensibilidad de algunos operadores del sistema en torno a las condiciones reales de existencia de quienes se ven precisados a acudir a los tribunales. Ésa es la situación que enfrentan muchas víctimas de violencia doméstica. Igual efecto tienen los prejuicios y estereotipos que impiden que se tomen en serio los planteamientos de las partes en un litigio.

En días recientes también hemos sido testigos de algunas de esas manifestaciones.

Que jueces del más alto nivel del sistema se refieran despectivamente a las posiciones adoptadas por los representantes legales de una parte y que tilden sin ningún miramiento de “egoístas” a personas serias y responsables que acuden a reclamar lo que legítimamente consideran su derecho, amén de sugerir que las opciones de vida que han seleccionado son poco menos que inmorales, constituye una subversión profunda del principio de igualdad que decimos permea nuestra Constitución.

Parece que todavía falta mucho para que el ideal regulador del acceso a la justicia se vea realizado plenamente.