lunes, 27 de mayo de 2013

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TIEMPOS DE CRISIS de Lynmarie Rivera Martínez

El 1 de mayo de 2013, el Pro Bono Democracia y Participación Ciudadana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico organizó el Foro: Criminalización de la Protesta y Su Impacto en la Participación Ciudadana. La apertura del Foro fue llevada a cabo por la estudiante de Derecho e integrante del Pro Bono, Lynmarie Rivera Martínez. Con mucho entusiasmo, comparto su ponencia.



La participación ciudadana en tiempos de crisis
Por: lynmarie rivera Martínez

“La participación hace a la gente más consciente de los vínculos entre los intereses públicos y privados, los ayuda a desarrollar un mejor sentido de justicia y es a la vez un aspecto crítico en el proceso de desarrollar un sentido de comunidad.” -  T. BEIRLE Y J. CAYFORD.

Es en  los tiempos de crisis que un sistema verdaderamente democrático debe garantizar la transparencia, participación y salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es en este contexto, que debemos posar nuestras miradas sobre la participación de los ciudadanos y ciudadanas, como entes fiscalizadores-creadores de ideas y fundamentos, que ayuden a proveer soluciones efectivas y reales a los problemas que aquejan el país. Debemos apostar al empoderamiento de las comunidades y sectores, a la autogestión y a la toma informada de decisiones.
Es por eso que en la noche de hoy, nos proponemos abordar el tema la Criminalización de la Protesta.[1]   Y es precisamente para comprender las dimensiones y complejidades que conforma el mismo, que resulta imprescindible situar la participación ciudadana en el contexto de la crisis.
El problema actual de participación ciudadana en nuestro ordenamiento  es complejo, pero lo podemos  identificar dos planteamientos principales: 1) no se le ha provisto a los ciudadanos y ciudadanas mecanismos efectivos para participar en los procesos gubernamentales 2) la realidad que en nuestro país existe una falta de  cultura de participación. Un intento en esa dirección lo constituyen algunas disposiciones de  la [2]Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU).  Esta reconoce ciertas garantías de participación en procesos administrativos tales como: derecho a recibir notificación, oportunidad de someter comentarios en procesos de aprobación de reglamentos, comparecer a vistas públicas y la  oportunidad de ser oídos.
Sin lugar a dudas esto ha sido un paso en la dirección correcta. Nos falta, sin embargo, mucho camino por recorrer.  Es preciso brindarle a la ciudadania una participación real y efectiva en los procesos. En la práctica, LPAU no ha podido subsanar los problemas que enfrentan los ciudadanos en las agencias administrativas.
Luego de 25 años de aprobada esta ley, todavía algunos de los problemas comunes en las agencias son los siguientes: 1) las notificaciones a las partes afectadas muchas veces no llegan; 2) cuando los ciudadanos presentan una Solicitud de intervención porque se están viendo afectados, la agencia se niega a otorgársela o peor aún nunca reciben contestación; 3) no se les brinda la oportunidad de examinar el expediente 4) si pueden acceder al expediente, no hay posibilidad de adquirir copias del mismo y de haber esa posibilidad, el costo es tan alto que el ciudadano no puede pagarlo. Estos son sólo algunos de los retos y obstáculos que enfrenta el ciudadano y la ciudadana de a pie a la hora de buscar información y tratar de participar.
Ante dicho panorama es preciso preguntarnos ¿cuál ha sido la respuesta de los ciudadanos?  Esta noche exploraremos como respuesta la siguiente: Los ciudadanos han utilizado la Libertad de Expresión.  A modo de válvula de escape, el derecho constitucional a expresarse se constituye entonces en alternativa ante la incapacidad de un sistema que no provee espacios y estructuras verdaderamente participativas en la adopción de leyes, reglamentos y aprobación de permisos.
El derecho a protestar no tiene un carácter aislado ni fragmentado.  En cambio, se nos presenta como herramienta efectiva y poderosa en la lucha para vindicar otros derechos. Y es que el derecho a la protesta, como nos menciona el constitucionalista argentino [3]Roberto Gargarella es un “súper derecho”, el “primer derecho”.  En palabras de Gargarella: “En el núcleo esencial de los derechos de la democracia está el derecho a protestar, el derecho a criticar al poder público y privado. No hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta la democracia no puede subsistir.”
Es por ello que el ciudadano y ciudadana han reconocido que retar el sistema gubernamental, desquebrajar la cultura del secreto y la autoridad que lo define, requiere hacer uso del derecho a la protesta.  No para una mera queja, sino como firme exigencia de una verdadera y amplia participación ciudadana en los procesos administrativos y  en toda gestión gubernamental. 
El Prof. William Vázquez Irizarry[4], en su columna recién publicada, nos invita a reflexionar al expresar cómo la participación ciudadana “está de moda y eso es un peligro”. Peligro en el sentido de que el gobierno y los partidos adopten un discurso de mayor participación de forma ligera, sin concreción, ni la seriedad merece.  Es por esto, que los  que apostamos a un sistema transparente, democrático y participativo tenemos el deber de insertarnos en el debate público.  Y fomentar que se discuta  a profundidad  el déficit estructural de participación que existe en nuestro Sistema Democrático.
Tenemos que aprovechar la coyuntura histórica en la  que vivimos donde, la llegada de nuevas tecnologías y redes sociales hace cada día más fácil, el acceso del ciudadano a la información y por ende, a asociarse y participar de manera informada. Hemos vistos como en meses recientes se han utilizado las redes sociales para convocar manifestaciones y hasta “boicots”. Esto nos sirve para reflexionar cómo los ciudadanos están reclamando mayor participación en decisiones que les afecta directamente a nivel individual y colectivo. 
La participación ciudadana ha llegado retomando espacios, como río que vuelve a retomar su cauce. Ahora es deber de todos y todas exigir y proponer una agenda de participación ciudadana concreta, real y efectiva.



[1] Lynmarie Rivera Martínez, estudiante de tercer año Escuela de Derecho Universidad de Puerto Rico. Ponencia introductoria en el Foro: La Criminalización de la Protesta y su Impacto en la Participación Ciudadana llevada a cabo el  1 de mayo de 2013 en el Aula Magna de la Escuela de Derecho UPR.
[2] Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA § 21.
[3]NO HAY DEMOCRACIA SIN PROTESTA.  Entrevista a Roberto Gargarella, por Esteban Rodríguez sobre libro El derecho a la protesta. El primer derecho” (publicado por la editorial Ad Hoc).
 
[4] Prof. William Vázquez Irrizary. Una agenda de participación. Columna publicada el 29 de marzo de 2013 en el Nuevo Día.